La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Sociedad de Ingenieros del departamento manifestaron su preocupación frente a recientes declaraciones del Gobierno Nacional sobre una eventual desestimación de la iniciativa privada IP Conexión Centro y la posible terminación anticipada del contrato de concesión de las Autopistas del Café.
En una comunicación dirigida a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagara, los gremios señalaron que cualquier decisión sobre la infraestructura vial estratégica de la región debe estar soportada en estudios técnicos, jurídicos y financieros que garanticen la sostenibilidad del corredor y la ejecución de obras futuras.
Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con la eventual desestimación de una iniciativa de inversión cercana a los 7 billones de pesos, la cual, según las organizaciones, tendría un impacto estimado en más de 54.000 empleos directos e indirectos. En ese sentido, advierten que no se ha presentado una alternativa técnica y financiera clara que permita reemplazar el esquema propuesto bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP).
Asimismo, los gremios alertaron sobre la incertidumbre que podría generarse en torno a proyectos considerados estratégicos para la competitividad regional, como la doble calzada Calarcá–La Paila, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, y el futuro de la Autopista del Café, corredor fundamental para la conectividad de municipios turísticos como Salento, Filandia y Circasia.
De acuerdo con la comunicación, el modelo de concesiones ha sido clave para garantizar la inversión y sostenibilidad de obras de alta complejidad, las cuales, afirman, difícilmente podrían ser asumidas en su totalidad por el Estado.
Otro de los puntos señalados es la preocupación por la eventual terminación anticipada de contratos que, según los gremios, presentan niveles de cumplimiento del 100 %. Advierten que una decisión de este tipo podría generar consecuencias económicas e indemnizatorias para el Estado, además de enviar señales de inestabilidad jurídica que afectarían la confianza de los inversionistas.
Finalmente, las organizaciones insistieron que es necesario abrir espacios de diálogo técnico, incluyente y participativo que permitan evaluar de manera integral el futuro del proyecto IP Conexión Centro y de la infraestructura vial del departamento, con base en información verificable y criterios objetivos.
En su petición, solicitaron al Ministerio de Transporte y a la ANI la realización de una socialización amplia que permita analizar los distintos escenarios y alternativas para el desarrollo vial del Quindío y la región cafetera.
