El presidente saliente, Gustavo Petro, anunció que respaldará las acciones judiciales con las que se buscará la nulidad de la elección presidencial en la que resultó elegido Abelardo De La Espriella, pese a que el proceso electoral ya fue oficialmente certificado y el mandatario electo recibió sus credenciales con miras a su posesión el próximo 7 de agosto.
El anuncio se produjo luego de que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, confirmara que el martes 7 de julio presentará una demanda ante el Consejo de Estado contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de solicitar la nulidad del acto que declaró la elección presidencial.
A través de su cuenta en X, Petro aseguró que su movimiento político iniciará una nueva etapa de oposición, aunque enfatizó que todas las actuaciones se desarrollarán dentro del marco legal.
“Pasamos a la fase de resistencia activa, si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles”, escribió el mandatario.
Minutos después, el presidente aclaró que esa “resistencia activa” no contempla acciones violentas y reiteró el llamado a que sus seguidores actúen únicamente por las vías judiciales.
“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país; solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, agregó.
La demanda será estudiada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En caso de ser admitida, uno de los primeros aspectos que deberá resolver el alto tribunal será si concede o no una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos de la elección, incluida la ceremonia de posesión presidencial prevista para el 7 de agosto.
Según explicó Luis Guillermo Pérez, la acción judicial se fundamenta en varios argumentos relacionados con presuntas irregularidades durante la campaña presidencial. Entre ellos, mencionó la supuesta existencia de conductas que, a su juicio, podrían constituir delitos como violencia psicológica, amenazas de muerte, instigación a delinquir, hostigamiento y apología del genocidio, asuntos que, sostuvo, deberían ser investigados por la Fiscalía General de la Nación.
El exmagistrado también argumentó que el presidente electo tendría un supuesto impedimento derivado de una eventual doble nacionalidad, al considerar que esta situación podría representar un conflicto de interés para quien ejerce la jefatura del Estado. Con base en esos planteamientos, anunció que solicitará al Consejo de Estado la suspensión provisional del acto administrativo que declaró la elección de De La Espriella y que, mientras se resuelve el proceso, no se realice la ceremonia de posesión ni se le reconozcan las prerrogativas propias del cargo.
Adicionalmente, Pérez habilitó una plataforma digital para que ciudadanos puedan adherirse como coadyuvantes de la demanda, buscando respaldar la solicitud de nulidad y la medida cautelar.
En paralelo, Petro manifestó que, una vez concluya su mandato, también impulsará acciones legales contra quienes considere responsables de injurias o calumnias en su contra, de su familia o de su proyecto político.
El ambiente político también ha estado marcado por recientes declaraciones del senador Iván Cepeda, quien ha reiterado un llamado a la “desobediencia civil pacífica”, aunque sin precisar los mecanismos mediante los cuales se desarrollaría esa estrategia. Mientras tanto, permanece la expectativa sobre el curso que tomarán las acciones judiciales y las eventuales movilizaciones sociales anunciadas por sectores afines al Gobierno saliente.
