La bancada del Partido Conservador, liderada por la senadora Nadia Blel, radicó ante el Congreso un proyecto de acto legislativo que busca endurecer las penas para los delitos más graves cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La iniciativa plantea que, de manera excepcional, las condenas puedan llegar hasta los 100 años de prisión.
La propuesta pretende modificar el límite máximo de las penas establecido actualmente en la legislación penal colombiana, que es de 50 años, para permitir que un juez pueda duplicarlo en casos de especial gravedad. La medida estaría dirigida exclusivamente a tres conductas cuando las víctimas sean menores de edad: homicidio doloso, acceso carnal violento y acceso carnal cuando la víctima sea puesta en incapacidad de resistir.
De acuerdo con la senadora Blel, la iniciativa surgió ante la preocupación por las cifras de violencia contra los menores en el país. Según datos de Medicina Legal citados en el proyecto, durante 2025 fueron asesinados 660 niños, niñas y adolescentes, mientras que se realizaron 16.533 valoraciones médico-legales relacionadas con presuntos delitos sexuales contra menores.
La situación también se refleja en las cifras correspondientes a este año. Entre enero y junio de 2026 se registraron 339 homicidios de menores, frente a los 313 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 8,31 %. En esos primeros seis meses, además, se practicaron 7.307 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
“Esta iniciativa responde a un sentir ciudadano, a la indignación y al dolor de ver que más de 600 niños fueron víctimas de homicidio en 2025”, afirmó Blel, quien sostuvo que frente a delitos de esta gravedad la respuesta del Estado debe ser proporcional al daño ocasionado. La congresista señaló que el propósito es brindarles a los jueces una herramienta adicional para imponer sanciones más severas cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.
La senadora aclaró que el proyecto no establece automáticamente condenas de 100 años para todos los responsables de estos delitos. La propuesta busca habilitar, bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, que la pena pueda llegar excepcionalmente hasta el doble del máximo actual. El proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Congreso antes de determinar si esta modificación al régimen penal entra en vigencia.
