La denuncia presentada por Deicy Jiménez, una mujer de 26 años, contra el expresidente Gustavo Petro generó una nueva controversia política en Colombia, luego de que la joven relatara en una entrevista con la revista Semana una presunta relación personal con el exmandatario, supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales y episodios relacionados con la compra y el transporte de cocaína. Las acusaciones motivaron anuncios de acciones judiciales y la activación de una ruta institucional de protección para la denunciante.
De acuerdo con el testimonio publicado este domingo 25 de octubre de 2026, Jiménez aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él se desempeñaba como senador de Colombia Humana. Según su versión, el primer contacto se produjo a través de una plataforma para adultos, en la que el entonces congresista habría aparecido como un cliente. Posteriormente, ambos se habrían encontrado personalmente y mantenido una relación durante varios años.
La joven afirmó que decidió hacer públicas sus declaraciones después del cambio de Gobierno, pues, según explicó, temía por su seguridad. En conversación con la periodista Vicky Dávila, manifestó que consideraba necesario revelar situaciones que, desde su perspectiva, podrían constituir abuso de poder, corrupción y manipulación de mujeres.
“Me cansé de guardar silencio”, expresó Jiménez, al señalar que su intención es que los hechos que relata sean conocidos e investigados por las autoridades competentes.
La presunta relación y los contratos estatales
Uno de los puntos centrales de la denuncia tiene que ver con la supuesta utilización de la influencia política para facilitar la contratación de mujeres en entidades públicas. Jiménez aseguró que, durante aproximadamente cinco años, habría recibido contratos en diferentes instituciones del Estado después de establecer una relación personal con Petro.
Según su relato, trabajó en el Senado de la República, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en el Ministerio del Interior. Sobre su paso por el Congreso, afirmó que su contratación se habría realizado con la senadora María José Pizarro y sostuvo que la congresista conocía que ella era recomendada del entonces senador Petro.
La denunciante también mencionó al Ministerio del Interior y aseguró que, aunque trabajaba en esa entidad, no habría tenido conversaciones con el entonces ministro Armando Benedetti. Sin embargo, afirmó que este habría sabido de su supuesta relación de recomendación con el exmandatario.
Jiménez sostuvo que su experiencia no habría sido un caso aislado. Según sus declaraciones, entre 30 y 40 mujeres habrían vivido situaciones similares, en las que presuntamente se ofrecían contratos o beneficios laborales a cambio de acompañar al entonces senador en reuniones y fiestas.
La mujer aseguró que Petro habría contactado a mujeres jóvenes mediante perfiles falsos en redes sociales y que posteriormente habría utilizado su posición de poder para facilitar su vinculación a entidades públicas. Estas afirmaciones constituyen señalamientos de la denunciante y requieren verificación documental y judicial para establecer si existieron irregularidades en los procesos de contratación.
La acusación sobre la compra y el transporte de cocaína
Otro de los episodios más delicados relatados por Jiménez se relaciona con una supuesta solicitud que Petro le habría hecho cuando todavía era senador. Según su testimonio, el entonces congresista le pidió comprar cocaína fuera de Bogotá y transportarla hasta la capital colombiana.
La joven afirmó que recibió tres millones de pesos en efectivo para adquirir la sustancia. De acuerdo con su versión, el dinero le habría sido entregado directamente por Petro y la compra se habría realizado a personas que ella identificó como integrantes de una banda.
Jiménez sostuvo que la droga fue empacada en pequeñas papeletas y escondida en su equipaje durante un vuelo comercial hacia Bogotá. Posteriormente, según narró, el entonces senador habría acudido a su apartamento para recibir el paquete.
Durante la entrevista con Vicky Dávila, la periodista le preguntó directamente si había abordado un avión llevando la droga que, según ella, le habría solicitado Petro. La joven respondió afirmativamente y reiteró que había transportado la sustancia en su maleta.
La denunciante agregó que se habrían presentado otras ocasiones en las que consiguió cocaína para el entonces congresista, incluso en Bogotá. Aseguró que él le entregaba dinero para adquirirla y que después acudía al lugar donde ella residía. También afirmó que, por temor a las consecuencias y a los riesgos para su seguridad, se negó a continuar realizando esas diligencias.
Se trata de acusaciones graves que, por ahora, corresponden al relato entregado por Jiménez en el medio de comunicación. La información suministrada no permite establecer de manera independiente si los hechos ocurrieron en los términos descritos.
Las pruebas que, según la denunciante, respaldarían su versión
Como parte de su declaración, Jiménez aseguró haber entregado a la periodista registros de conversaciones, fotografías y videos que, desde su perspectiva, respaldarían algunos de los episodios relatados.
Entre los elementos mencionados durante la cobertura se encuentra una fotografía que despertó comentarios sobre la vestimenta del expresidente. Sin embargo, la existencia de imágenes o conversaciones no demuestra por sí sola todas las acusaciones formuladas: su autenticidad, contexto y alcance deberán establecerse mediante las verificaciones correspondientes.
La joven insistió en que el centro de su denuncia no es la vida privada del exmandatario, sino el eventual uso de recursos públicos y de su posición política para obtener beneficios personales.
“Él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país, ya es algo delicado”, afirmó, según la entrevista publicada por Semana.
Sus declaraciones plantean interrogantes sobre la posible relación entre las recomendaciones políticas, los procesos de contratación estatal y los beneficios personales que, según ella, habrían recibido determinadas mujeres. No obstante, será necesario revisar los contratos, sus modalidades de vinculación, las funciones desempeñadas y las circunstancias en las que fueron adjudicados para determinar si existieron conductas irregulares.
Anuncian denuncia penal ante organismos competentes
La controversia también tuvo repercusiones en el ámbito judicial. Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, anunció que presentó una denuncia penal contra Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Según Enciso, los hechos expuestos en la entrevista podrían indicar un presunto uso de la posición de poder y de influencia del exmandatario para facilitar contratos públicos a favor de mujeres a cambio de favores sexuales.
La presentación de una denuncia busca que las autoridades examinen los hechos y determinen si existen elementos para adelantar las actuaciones correspondientes. No constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal ni confirma que las conductas denunciadas hayan ocurrido.
La investigación de los señalamientos requeriría contrastar las declaraciones de Jiménez con los documentos aportados, los registros de contratación de las entidades mencionadas y los testimonios de las personas que pudieran tener conocimiento de los hechos.
Gobierno activa ruta de protección para Deicy Jiménez
En medio de la controversia, el Gobierno nacional anunció la activación de una ruta institucional para proteger la vida, la seguridad y la integridad de la denunciante.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial incluido en la información conocida, la medida se adoptó tras las declaraciones divulgadas por Semana y por instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella. La coordinación estaría a cargo del ministro de Justicia y del Derecho, quien también ejerce como ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, en articulación con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El Gobierno señaló que se adelantarían las actuaciones necesarias con diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de Jiménez, con el propósito de ofrecer una respuesta institucional coordinada ante los riesgos que pudieran existir.
El pronunciamiento también reiteró que ninguna persona debe temer por su seguridad al ejercer sus derechos políticos, sociales o periodísticos, ni al entregar un testimonio sobre posibles irregularidades. Asimismo, insistió en la obligación institucional de actuar frente a eventuales amenazas, intimidaciones o represalias.
La activación de esta ruta representa una medida preventiva de protección y no implica que las acusaciones contra Petro hayan sido judicialmente comprobadas.
Un caso que queda bajo el escrutinio público y judicial
Las declaraciones de Deicy Jiménez abrieron un nuevo frente de controversia alrededor del expresidente Gustavo Petro, al vincular presuntas relaciones personales con la posibilidad de que se hubiera utilizado la contratación estatal para obtener beneficios privados.
El caso reúne señalamientos de distinta naturaleza: posibles irregularidades en la asignación de contratos públicos, presunto abuso de poder, una supuesta red de mujeres vinculadas a través de recomendaciones políticas y acusaciones relacionadas con la compra y el transporte de sustancias ilícitas.
Por la gravedad de los hechos relatados, será fundamental que las autoridades competentes examinen las pruebas mencionadas, establezcan la autenticidad de los documentos y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o continuar investigaciones formales.
Hasta que se produzcan conclusiones oficiales, las afirmaciones sobre la conducta del exmandatario deben presentarse como denuncias pendientes de verificación, respetando la presunción de inocencia y los derechos de todas las personas mencionadas.