El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, abrió una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntos incumplimientos en la operación de los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos popularmente como fotomultas.
La actuación se produce luego de que la Superintendencia identificara posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente en lo referente al concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas tecnológicos.
Según informó la entidad, durante las investigaciones se detectó que 12 organismos de tránsito iniciaron operaciones sin contar con el concepto técnico requerido; otros 7 operaron utilizando conceptos expedidos a terceros; mientras que 18 obtuvieron dichos conceptos después de haber puesto en funcionamiento los sistemas de fotodetección.
Entre las autoridades de tránsito investigadas aparecen entidades de ciudades y municipios como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la decisión marca un precedente en la defensa de los derechos de los ciudadanos y el respeto por la legalidad.
“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la funcionaria.
La Superintendencia de Transporte reveló además que los organismos investigados habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De esa cifra, 1.582.398 comparendos ya fueron pagados por ciudadanos colombianos, generando recaudos superiores a 1,05 billones de pesos.
De acuerdo con la Ley 2251 de 2022, las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver dichos recursos y enfrentar sanciones equivalentes al doble del dinero recaudado, lo que superaría los 2,1 billones de pesos.
Entre las ciudades con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación se encuentran Cali, con 2,7 millones de multas; Medellín, con más de 717 mil; Bogotá, con cerca de 294 mil; y Barranquilla, con más de 131 mil comparendos.
Adicionalmente, la entidad informó que 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarían sin validez y tendrían que ser revocados de oficio por las respectivas autoridades de tránsito. Esta medida podría beneficiar potencialmente a más de 1,4 millones de ciudadanos.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aseguró que las actuaciones buscan recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, señaló el funcionario.
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los sistemas de fotodetección y los organismos de tránsito operen bajo estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia frente a los ciudadanos.
