El Gobierno del presidente Gustavo Petro reabrió el debate nacional tras expedir la resolución 327, mediante la cual se vuelve a nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz. La medida incluye a figuras altamente cuestionadas como Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Macaco, Julián Bolívar, Cuco Vanoy y Hernán Giraldo Serna, todos responsables de graves crímenes durante el auge de las AUC.
De acuerdo con el documento oficial, la designación tendrá una vigencia inicial de seis meses y contempla beneficios especiales para los excombatientes, como la posibilidad de movilidad, intervención ante autoridades nacionales o extranjeras e, incluso, gestiones para obtener su libertad en caso de estar privados de ella, siempre que sea “para el cumplimiento de sus funciones”.
La polémica se alimenta porque en junio pasado varios de estos exparamilitares habían renunciado a la figura de gestores, argumentando que el proceso era un gesto meramente simbólico por la falta de compromiso de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En ese momento señalaron que la “falta de gestión efectiva y voluntad política” había minado la confianza en la iniciativa.
Entre los nombres que reaparecen en la lista se encuentran también Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40), Diego Fernando Murillo (alias Don Berna), Freddy Rendón Herrera (alias El Alemán), Ramiro Vanoy, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate y Edward Cobos Téllez.
¿Qué dice el Gobierno?
El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la decisión asegurando que el objetivo es que los exjefes paramilitares “reconstruyan el tejido social, reparen a las víctimas, digan la verdad y contribuyan a la justicia”. Para Benedetti, las críticas a la resolución provienen de quienes “le tienen miedo a la verdad o son cómplices de lo que ha pasado en este desastre de país”.
Por su parte, el presidente Petro sostuvo que la medida busca retomar los compromisos del llamado Pacto de Ralito, firmado durante el gobierno de Álvaro Uribe, un proceso que, según él, “no ha terminado” y aún tiene verdades pendientes por esclarecer.
La decisión ha despertado fuertes reacciones en distintos sectores del país, donde las víctimas del conflicto armado exigen garantías reales de reparación y verdad, mientras sectores políticos cuestionan los beneficios otorgados a responsables de delitos de lesa humanidad.
