La empresa Lili Pink se pronunció tras los recientes operativos adelantados por la Fiscalía General de la Nación, en los que se realizaron allanamientos a establecimientos comerciales de la cadena en diferentes regiones del país, en el marco de una investigación por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos.
Según el ente investigador, las diligencias incluyeron la intervención de aproximadamente 405 locales comerciales, además de la afectación de 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, en una operación conjunta realizada con apoyo del Ejército en 59 municipios de 25 departamentos, donde la marca tiene presencia.
La investigación, que según las autoridades llevaba varios meses en curso, estaría relacionada con presuntos movimientos financieros que superarían los 730.000 millones de pesos, vinculados a la comercialización de productos textiles. Sin embargo, la empresa rechazó las acusaciones y aseguró que no existe una decisión judicial en firme que determine su responsabilidad.
En un comunicado oficial, Lili Pink afirmó que los señalamientos hacen parte de una “controversia jurídica en curso” y que, hasta el momento, los hallazgos presentados por la Fiscalía no son concluyentes. La compañía indicó además que está ejerciendo su derecho a la defensa dentro del proceso.
“Se encuentra vinculada a procesos en etapa de investigación en materia penal y de extinción de dominio, sin que exista a la fecha decisión judicial en firme que establezca responsabilidad alguna”, señaló la empresa en su pronunciamiento.
La cadena también sostuvo que todas sus mercancías cuentan con la documentación legal correspondiente, incluyendo declaraciones de importación y soportes de pago, con lo que, según la compañía, se respalda la legalidad de sus operaciones en Colombia y otros países de Latinoamérica.
Asimismo, la firma cuestionó algunas cifras difundidas públicamente en el marco del caso, al señalar que existirían inconsistencias frente a los valores reales del proceso, aspectos que, según indicó, deberán ser aclarados ante las autoridades judiciales.
Por su parte, el abogado Iván Cancino, quien asumió la defensa de la empresa, confirmó que Lili Pink está vinculada a procesos penales y de extinción de dominio, y que se encuentran a la espera de las decisiones judiciales que definan responsabilidades.
La compañía agregó que sus tiendas continúan operando bajo la supervisión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con el objetivo de garantizar la estabilidad de más de 3.000 empleos asociados a la cadena.
