Durante casi 30 años, viajar entre Armenia y Pereira se ha convertido en un castigo económico para los habitantes del departamento del Quindío. Una carretera que prometía integración regional, desarrollo y conectividad terminó siendo la columna vertebral de un negocio multimillonario privado disfrazado de concesión pública: Autopistas del Café, operada por el poderoso grupo empresarial Odinsa y gerenciada actualmente por el cuestionado dirigente risaraldense Mauricio Vega Lemús.
El caso del peaje de Circasia es el más representativo —y el más indignante— de este modelo de negocio basado en el usufructo que afecta el bolsillo de los usuarios. Se trata de uno de los peajes más caros de Colombia, con tarifas que oscilan entre los $20.200 y los $85.100 por trayecto. Solo en 2023, este peaje recaudó la escandalosa cifra de $77.280 millones de pesos, producto del tránsito de cerca de cuatro millones de vehículos, lo que lo convierte en el punto más rentable de los siete autorizados por la concesión en los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca.
Ingresos operacionales reportados por cada peaje de la concesión de Autopistas del Café S.A.
Usuarios que circulan anualmente en las vías
Una carretera para privilegiados, un castigo para los quindianos
Este peaje representa el 32% de los ingresos operacionales de Autopistas del Café, lo que ha sido calificado por ciudadanos, transportadores y analistas como un abuso sistemático contra los quindianos, quienes, a pesar de pagar los costos más altos por movilizarse entre dos capitales hermanas, no reciben mejoras sustanciales en infraestructura vial.
Un peaje costoso como el de Circasia impacta directamente la economía del departamento del Quindío. Eleva los costos logísticos para los empresarios, encarece los bienes que entran y salen del territorio y desincentiva el turismo y la inversión, elementos claves en una región que lucha por diversificar su economía.
Empresarios, transportadores y visitantes deben calcular si el costo del peaje justifica la visita o la operación. Para muchos, la respuesta es no. Así, el Quindío —uno de los departamentos más pequeños y económicamente frágiles de Colombia— termina aislado por un muro tarifario que no existe para otras regiones del país. No es exagerado afirmar que el peaje de Circasia ha sido un freno al desarrollo local.
Esto se agrava en una región sin grandes centros de producción industrial, donde el dinamismo económico depende en buena medida del flujo comercial, académico, hospitalario y turístico con Risaralda y Caldas. ¿Cómo hablar de integración regional cuando se impone un castigo económico por cada ida y vuelta?
Un gerente en el ojo del huracán: Mauricio Vega Lemús
La indignación aumenta cuando se conocen los antecedentes del actual gerente. Según reveló la revista Semana, Mauricio Vega Lemús —expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira— habría dilapidado más de $419 millones de pesos en gastos de representación, parte de un escándalo mayor que involucró más de $1.000 millones en viáticos, viajes y tarjetas empresariales ejecutadas sin justificación clara entre 2014 y 2018.
La Contraloría General de la República, tras una investigación, concluyó que no existían estudios que sustentaran el aumento del 50% en su salario durante su presidencia, y que la entidad prácticamente no controlaba los gastos ejecutados bajo su gestión. Gastos con descripciones falsas, opacidad total en el uso de dineros públicos y una junta directiva que terminó bloqueando una auditoría forense.
Ese es el perfil de quien hoy administra la concesión que más dinero extrae del bolsillo de los usuarios que transitan por las vías que conectan los tres departamentos del Eje Cafetero. Una gerencia que, en lugar de buscar el equilibrio entre rentabilidad y bienestar social, parece operar con el mismo manual de privilegios, opacidad y desinterés ciudadano.
¿Concesión o abuso legalizado?
Las múltiples modificaciones contractuales de Autopistas del Café, sus “reequilibrios económicos”, los privilegios extendidos al concesionario y la ausencia de resultados visibles, han hecho que esta concesión ya no sea vista como una herramienta para el desarrollo, sino como un símbolo de inequidad, abuso y captura privada de recursos públicos.
Los ciudadanos siguen pagando, sin tregua, por una carretera que aún está lejos de cumplir lo prometido. Una de las mayores promesas incumplidas fue la conexión directa en doble calzada entre Armenia y Pereira. En lugar de cumplir con este compromiso, la concesión —con la complacencia de algunos funcionarios— optó por abaratar costos y desvió la ruta a través de la vía Condina, conectando a la altura del sector conocido como Punto 30. Esta decisión, tomada para evitar la compra de terrenos y reducir gastos, sacrificó la verdadera solución vial que la región necesita. Así, lo que debía ser el gran eje de integración del Eje Cafetero terminó convertido en un pesado lastre económico para los quindianos, quienes más dependen de esta vía y más caro la están pagando.
Este no es solo un llamado de atención: es una exigencia urgente. ¿Hasta cuándo los usuarios tendrán que pagar por un servicio caro que retrasa el desarrollo de la región? ¿Dónde está el control del Estado? ¿Por qué el Gobierno Nacional no toma medidas ante semejante despropósito?
Autopistas del Café no puede seguir operando bajo la lógica de “todo para el privado, nada para el usuario”. Los peajes no son cheques en blanco. Las concesiones no pueden ser negocios eternos para unos pocos a costa del bolsillo de todos.
Los quindianos ya no aguantan más. Esta historia de abuso tiene que llegar a su final.
