El pasado miércoles 4 de marzo, el relator de la ONU, Michel Forst presentó un informe ante el Concejo de Derechos Humanos donde se planteaban cifras preocupantes acerca de la situación actual de Colombia. Entre los datos se dieron a conocer 36 masacres que dejaron 133 muertos en el año 2019, 7 departamentos con un aumento en el reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, 32 ataques contra el ejercicio periodístico en el marco de propuestas del paro nacional y, la más preocupante, el asesinato de 324 líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual ubica a Colombia con el índice más alto de asesinatos a defensores en América Latina.
Lo anterior estuvo basado en lo que Forst evidenció en su visita a Colombia. Además, expresó que no pudo llevar a cabo de la mejor manera dicha tarea, pues se encontró con varios inconvenientes impuestos por el Gobierno Nacional. El relator aclaró que su tarea era guiar en la construcción de la realidad de los países y no en generar señalamientos.
En este espacio intervinieron representantes de la Red Internacional de Derechos Humanos y la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia que evidenciaron su respaldo ante lo escrito en el informe, dando a conocer que la situación del país es compleja. Lo anterior también fue afirmado por el defensor del pueblo, Carlos Negret.
Frente a esto, el Gobierno Nacional manifestó su inconformidad frente a las declaraciones presentadas en el documento, pues insiste en que no están ajustados a la realidad y, además, no se están teniendo en cuenta las acciones que se están realizando frente a ello. El Gobierno Nacional manifestó a través de su representación que no había una fuente confiable que soportara la afirmación de Colombia como el país con el índice más alto de asesinatos a defensores en América Latina. Por esta razón, se pidió que el dato fuera retirado del informe, a no ser, que se explicara la metodología utilizada y los datos para realizar la comparación.
Por otro lado, se habló acerca de la disminución de homicidios a líderes y defensores de derechos humanos durante la administración de Duque, donde se registraron solo 64 casos de homicidios entre el 1 de enero y el 18 de noviembre del 2019. Otro punto de desacuerdo fue la insistencia por parte del gobierno donde plantea que se ha esclarecido el 50% de los asesinatos de líderes y defensores, mientras que la ONU, afirma que la cifra es de solo el 11%.
El gobierno nacional, a través de la canciller Claudia Blum, manifestó que el informe es una acusación sobre una supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos que es inadmisible y que las versiones sobre empresas estatales privadas que al parecer intimidan o estigmatizan a defensores y la supuesta convivencia con grupos de seguridad estatales con grupos ilegales, no solo son graves, sino que no poseen un sustento.
Blom reveló también que la cancillería transmitió en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que según dice, no refleja objetividad e integridad.
Frente a la discusión, diferentes sectores políticos afines con el Gobierno Nacional presentaron peticiones para que esta oficina sea retirada en el país. El senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, expresó que la oficina de derechos humanos se ha convertido en guarida politiquera que tiene un sesgo ideológico pasional con tendencia a cargarle al estado responsabilidad.
Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal planteó que esta oficina se ha atribuido roles más allá de sus funciones, y que en muchos países donde ha intervenido se ha destacado como gestora y promotora de la anarquía y la desestabilización de esos países.
Desde el otro lado de la discusión, se habló sobre la reacción que tuvo el Gobierno frente a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas. El director de la Comisión Colombiana de juristas, Gustavo Gallón, manifestó que el Gobierno debería concentrar sus esfuerzos en la implementación de los acuerdos de paz. También las organizaciones de derechos humanos y más de 1000 líderes sociales firmaron una carta donde respaldaban la labor que venía implementando esta oficina desde 1997, señalando que sus recomendaciones han sido un instrumento valioso para la comprensión de la realidad del país.
El comité internacional de la Cruz roja en Colombia, reveló también su balance anual sobre la situación humanitaria en Colombia. Allí se confirmó que en el país hay 5 conflictos armados vigentes. Además, se ha incrementado el número de victimas de artefactos explosivos y minas antipersonal y advirtió sobre la presencia de actores armados y violaciones graves como desaparición, reclutamiento forzado y agresiones a misiones médicas.
