Luego de haberse confirmado la condena a Rafael Correa por ocho años de prisión por corrupción, la justicia de Ecuador ordenó la captura del expresidente.
Esta decisión implica también la inhabilitación de por vida de Correa para desempeñar cargos de elección popular, cuando el exmandatario aspira a participar en los comicios previstos para febrero.
Correa, quien gobernó entre 2007 y 2017, solicitó por internet al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia, que es llevada en representación de un frente de izquierda y en binomio con el joven economista Andrés Arauz, exministro de Correa.
El ente electoral deberá calificar posteriormente esa postulación. La ejecución de la condena acaba prácticamente con la inmunidad que habría logrado Correa al ser aceptada su candidatura y que le permitiría regresar a Ecuador para las elecciones. Procesado en ausencia, la justicia estableció que Correa, de 57 años, y varios de sus excolaboradores, también condenados, recibieron sobornos a cambio de contratos con diversas empresas.
El expresidente sostiene que es inocente argumentando que fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega eran de un préstamo de un fondo de su partido. Las penas por peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles en Ecuador.
La justicia ordenó a la Policía la “inmediata localización y captura” del exgobernante socialista, quien vive en Bélgica —de donde es su esposa— desde que dejó el poder en mayo de 2017 tras el triunfo electoral de Lenín Moreno, su exaliado. También estableció que el Ministerio de Finanzas suspenda el sueldo vitalicio de unos 4.200 dólares mensuales que recibía Correa como expresidente, que pierde al ser condenado por corrupción.
La resolución judicial además comunica al CNE sobre la pérdida de los derechos políticos del exgobernante, quien, según la Constitución, quedaría inhabilitado para los comicios por ser sentenciado por cohecho.
“Sí, fuimos notificados” con la resolución judicial, dijo a la AFP el abogado de Correa, Fausto Jarrín. “Nos estamos enfrentando a un proceso de venganza a través de la función judicial”, agregó, en momentos en que el exmandatario sostiene ser un perseguido político de Moreno, con quien mantiene una pugna que debilitó al oficialismo, en el gobierno desde 2017.
AFP
