El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una polémica disposición temporal que permite a los tribunales condenar a menores de 12 años a prisión si son hallados culpables de homicidio en casos considerados “terroristas”. La medida, impulsada por legisladores del partido ultranacionalista Poder Judío, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, estará en vigor durante cinco años, con la opción de renovarse cada dos años.
Según la nueva norma, los menores de entre 12 y 14 años que reciban condenas de prisión deberán permanecer en centros de detención hasta cumplir los 14, edad en la que la ley israelí permite su traslado a una cárcel. En Israel, la responsabilidad penal inicia a los 12 años, aunque hasta ahora las penas de prisión solo podían aplicarse a partir de los 14.
La medida ha generado críticas a nivel nacional e internacional. El grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, condenó la decisión y acusó a Israel de violar los derechos de los menores, al tiempo que pidió a la comunidad internacional que intervenga para frenar lo que calificó como una “ley fascista”. Hamás también recordó que en sus recientes ataques el 7 de octubre de 2023 mató a más de treinta menores israelíes, y aseguró que el conflicto ha cobrado la vida de miles de niños palestinos en Gaza, instando a la comunidad internacional a tomar medidas contra lo que describe como represalias de Israel contra los menores.
Desde que retomó sus actividades tras el receso de verano, el Parlamento israelí ha aprobado varias disposiciones controvertidas, entre ellas la prohibición de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), la deportación de familiares de individuos clasificados como “terroristas” a Gaza, y la autorización para despedir a profesores que expresen apoyo a la resistencia palestina. En el contexto israelí, el término “terrorismo” suele aplicarse tanto a ataques contra civiles como a enfrentamientos con soldados en Israel, Cisjordania ocupada o Gaza.
Esta nueva ley reemplaza una disposición similar que estuvo en vigor entre 2016 y 2020 y que no fue renovada en su momento.
