La investigación por la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció dentro de las instalaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles y fue encontrada sin vida días después en el río Frío, dio un paso decisivo luego de que la Fiscalía General de la Nación confirmara la imputación de cargos contra dos docentes de la institución educativa.
La decisión fue comunicada por la Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá, que anunció la radicación de una solicitud de audiencia de imputación por el delito de homicidio culposo contra los profesores Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, quienes tenían bajo su responsabilidad la vigilancia y protección de la menor el día de los hechos.
La diligencia será presentada ante los jueces con función de control de garantías de Cajicá y marca un avance significativo en un proceso judicial que busca establecer si existieron fallas en los deberes de cuidado y custodia de la estudiante mientras permanecía dentro del plantel educativo.
Valeria Afanador desapareció el 12 de agosto de 2025 durante la jornada escolar. Según las investigaciones, la última vez que fue vista se dirigía sola hacia una zona deportiva del colegio durante el receso. Su desaparición desencadenó una intensa búsqueda en la que participaron unidades del Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía, el CTI y organismos de socorro.
Tras 18 días de labores, el cuerpo de la menor fue hallado en el río Frío, cerca de la institución educativa. El informe forense concluyó que la niña murió por ahogamiento el mismo día de su desaparición y descartó la existencia de signos de violencia física o alteraciones en su ropa.
Sin embargo, la investigación continuó enfocada en determinar si existieron omisiones por parte de los responsables de su cuidado dentro del establecimiento educativo.
El abogado de la familia, Julián Quintana, confirmó que la Fiscalía encontró elementos suficientes para avanzar con la vinculación formal de los docentes al proceso penal.
“Radican imputación por homicidio contra dos profesores que tenían a su cargo la vigilancia y protección de nuestra pequeña. También compulsarán copias para investigar las condiciones en que opera el colegio dentro de la ronda del río”, manifestó el jurista.
Además de la imputación, la Fiscalía anunció la compulsa de copias para que se investiguen las condiciones de funcionamiento del colegio y un posible delito ambiental relacionado con la ubicación de la institución educativa en cercanías del afluente donde ocurrió la tragedia.
La fiscal encargada del caso, María Camila Prieto, respondió de esta manera a una solicitud presentada por los familiares de Valeria, quienes desde hace varios meses han insistido en que se determinen todas las responsabilidades derivadas de la muerte de la menor.
No obstante, la decisión generó inconformidad entre los familiares, quienes cuestionaron que la rectora de la institución no haya sido incluida dentro de la solicitud de imputación.
“La familia expresa su inconformidad porque la rectora fue excluida de esta decisión, pese a que consideramos que también debe responder por estos hechos”, afirmó Quintana.
La defensa sostiene que la investigación debe extenderse a quienes tenían responsabilidades directivas dentro del plantel, especialmente en materia de seguridad y supervisión de los estudiantes.
La imputación representa una etapa clave dentro del proceso judicial, pues significa que la Fiscalía considera que existen indicios suficientes para atribuir una posible responsabilidad penal a los docentes investigados. Sin embargo, esta actuación no implica una condena ni determina automáticamente su culpabilidad.
A partir de la audiencia, los docentes podrán ejercer su derecho a la defensa, controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía y solicitar nuevas actuaciones dentro del proceso.
Las autoridades buscan establecer si existieron fallas en los protocolos internos de seguridad, en los mecanismos de supervisión de estudiantes y en los controles implementados por la institución educativa, factores que habrían permitido que la menor abandonara las instalaciones sin que su ausencia fuera detectada oportunamente.
