La Corte Constitucional estableció que las administraciones de conjuntos residenciales y propiedades horizontales no pueden prohibir el tránsito de animales de compañía por las zonas comunes ni exigir autorizaciones especiales para que sus propietarios utilicen ascensores junto a sus mascotas, al considerar que este tipo de restricciones vulnera derechos fundamentales.
La decisión quedó consignada en la sentencia T-199 de 2026, mediante la cual la Sala Octava de Revisión reiteró que las normas de convivencia en conjuntos residenciales deben ajustarse a la legislación vigente y respetar tanto los derechos de las personas como el mandato constitucional de protección animal.
El pronunciamiento surgió tras una acción de tutela presentada por Teresa, residente de un conjunto residencial, quien denunció que la administración le prohibió utilizar el ascensor con Júpiter, uno de sus cuatro perros. La mujer explicó que padece osteoporosis y que su mascota sufre de displasia de cadera, por lo que ambos requieren hacer uso del ascensor para movilizarse.
Aunque durante el proceso el conjunto residencial le otorgó un permiso especial para utilizar el ascensor con sus animales, la Corte concluyó que tanto la prohibición inicial como la exigencia de una autorización previa vulneraron sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar.
La Sala, integrada por el magistrado Miguel Polo Rosero y las magistradas Natalia Ángel Cabo y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, recordó que los animales de compañía ocupan hoy un papel relevante en la vida de millones de personas y que el vínculo que se construye con ellos tiene una dimensión constitucional que merece protección.
Asimismo, el alto tribunal enfatizó que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece expresamente que no puede prohibirse el tránsito ni la permanencia de animales domésticos en las zonas comunes de conjuntos residenciales o propiedades horizontales.
Si bien las administraciones están facultadas para establecer reglas que promuevan la convivencia, la higiene y la seguridad en estos espacios, dichas medidas no pueden traducirse en prohibiciones generales, restricciones desproporcionadas o permisos discrecionales que dificulten la tenencia responsable de mascotas.
Para la Corte, cualquier regulación debe buscar el equilibrio entre los derechos de quienes conviven con animales de compañía y los de los demás residentes, sin desconocer el deber constitucional de protección hacia los animales.
Como resultado de la decisión, el alto tribunal ordenó al conjunto residencial permitir que Teresa utilice el ascensor junto con sus mascotas sin necesidad de solicitar autorización previa. Además, dispuso dejar sin efecto las normas del Manual de Convivencia que prohíban o restrinjan ese derecho y ordenó abstenerse de exigir permisos similares a otros residentes o imponer sanciones por el uso del ascensor con animales de compañía.
No obstante, la Corte precisó que los propietarios de mascotas continúan obligados a cumplir las normas de convivencia, higiene y seguridad, garantizando una tenencia responsable y el respeto por los derechos de los demás habitantes del conjunto residencial.
