El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, se posicionó como una de las principales voces en defensa del interés ciudadano y de la legalidad administrativa al activar la revisión de validez contra el Acuerdo 010 del 20 de octubre de 2025, que autorizaba la creación de la Secretaría de Tránsito y Transporte en Montenegro. A través del Auto 349 del 24 de noviembre, la Gobernación advirtió serias inconsistencias técnicas y jurídicas que comprometen la legitimidad de la iniciativa impulsada por la administración municipal.
De acuerdo con la revisión realizada, el acuerdo fue aprobado sin cumplir requisitos esenciales como el concepto previo del Ministerio de Transporte, la articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la evaluación técnica departamental. La ausencia de estos elementos convierte el proyecto en un acto jurídicamente vulnerable y potencialmente lesivo para la institucionalidad y para los ciudadanos que dependen de una adecuada gestión de la movilidad, la seguridad vial y la autoridad de tránsito.
Un elemento clave de esta discusión ha sido el papel del concejal Néstor Vargas, quien fue el único voto negativo dentro del Concejo Municipal de Montenegro. Desde el primer debate, Vargas cuestionó la calidad del estudio de factibilidad, señalando vacíos en la caracterización del parque automotor, la falta de datos sobre movilidad, la ausencia de análisis de vías estratégicas y la omisión de sectores rurales como Pueblo Tapao. Estas observaciones, inicialmente desestimadas por el consultor que presentó el proyecto, coinciden plenamente con los hallazgos técnicos identificados por la Gobernación.
La revisión también evidenció que el estudio de factibilidad presentado por la Alcaldía carecía de los elementos técnicos, financieros y jurídicos exigidos por la ley. A ello se suma un aspecto crítico: la propuesta condicionaba la operatividad de la futura Secretaría de Tránsito a la creación de una sociedad de economía mixta, modelo que transferiría funciones exclusivas de autoridad —como la regulación, el control y la imposición de sanciones— a una entidad con naturaleza comercial. Este diseño vulnera principios constitucionales y desconoce la normativa que establece que las funciones de tránsito son indelegables y deben permanecer bajo control directo del Estado.
El modelo planteado, además, entregaría durante 20 años la operación del tránsito municipal a una empresa con participación privada, permitiéndole quedarse con el 49% de las utilidades sin exigirle inversiones reales en señalización, semaforización o educación vial. La carga financiera para mejorar la movilidad quedaría, en consecuencia, sobre el municipio, mientras el privado recibiría beneficios económicos sin compromisos proporcionales.
En ese contexto, la intervención del gobernador Juan Miguel Galvis representa un freno institucional a una decisión que pudo comprometer la legalidad, la transparencia y la sostenibilidad de los recursos públicos. Su postura, reforzada por las advertencias tempranas del concejal Néstor Vargas, subraya la importancia de que las autoridades locales actúen con rigor técnico y dentro del marco constitucional al crear entidades con alto impacto en la vida de los ciudadanos.
La decisión ahora recae en el Tribunal Administrativo del Quindío, que deberá determinar si el acuerdo debe ser anulado. Para el gobernador y para quienes han alertado sobre los riesgos del proyecto, el mensaje es claro: la defensa del interés ciudadano está por encima de cualquier iniciativa que no cumpla con los estándares de legalidad, coherencia técnica y responsabilidad institucional.
