Un juez especializado de Medellín ordenó la extinción del derecho de dominio sobre un inmueble que figuraba a nombre del exarquero de la Selección Colombia, José René Higuita Zapata, y un familiar, al concluir que el predio tenía origen en recursos provenientes del extinto Cartel de Medellín y que hizo parte de un esquema de testaferrato para ocultar bienes adquiridos con dineros del narcotráfico.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, luego de valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación durante el proceso judicial.
Según la investigación, el inmueble, ubicado en el barrio El Poblado de Medellín, fue adquirido inicialmente por Gustavo Cuartas Rendón, quien, de acuerdo con la Fiscalía, actuó como testaferro de los hermanos William Moncada y Gerardo “Kiko” Moncada, señalados como integrantes y socios principales del Cartel de Medellín.
La Fiscalía sostuvo que, posteriormente, el bien pasó por varias transferencias de dominio con el propósito de ocultar su verdadero origen ilícito, hasta quedar registrado a nombre del exguardameta de la Selección Colombia y de un familiar.
Durante el juicio, el ente investigador presentó testimonios, documentos y dictámenes periciales con los que reconstruyó la trazabilidad del inmueble y las maniobras que, presuntamente, fueron utilizadas para encubrir su procedencia.
Entre las pruebas valoradas por el despacho judicial figura un estudio grafológico que determinó que una de las firmas consignadas en una escritura pública era falsa. Este elemento, junto con la documentación recopilada durante la investigación, permitió establecer que las sucesivas compraventas hacían parte de un esquema para ocultar activos provenientes del narcotráfico.
En la sentencia, el juzgado concluyó que el predio hizo parte de un mecanismo de lavado y ocultamiento de bienes de origen ilícito, por lo que decretó la extinción del derecho de dominio sobre la propiedad.
Como consecuencia de esta decisión, el inmueble pasará a ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar los bienes afectados por procesos de extinción de dominio, mecanismo mediante el cual el Estado recupera propiedades vinculadas a actividades ilegales, independientemente de que exista o no una condena penal contra sus propietarios o poseedores.
La decisión judicial se refiere exclusivamente al inmueble objeto del proceso de extinción de dominio y se fundamenta en las pruebas recaudadas sobre el origen del bien, sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del exfutbolista dentro de los hechos investigados.
