El Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá sancionó al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con cinco días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, tras concluir que incumplió una orden judicial emitida dentro de una acción de tutela relacionada con un derecho de petición presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda.
La decisión fue adoptada en el marco de un incidente de desacato, luego de que el despacho determinara que el Ministerio del Trabajo no respondió de fondo, dentro del plazo establecido, la solicitud presentada por la congresista el 24 de marzo de 2026.
La tutela, fallada a favor de Miranda el pasado 20 de mayo, ordenó a la cartera laboral contestar en un término de 48 horas un cuestionario de 12 preguntas relacionadas con las actuaciones del Ministerio frente a denuncias de presunto acoso y violencia basada en género al interior del sistema de medios públicos RTVC.
Sin embargo, según la providencia firmada por el juez Víctor Hugo González, la orden judicial no fue acatada. El despacho concluyó que el ministro “no acató el fallo de tutela de fecha 20 de mayo de 2026”, pese a los requerimientos realizados durante el trámite del incidente.
En consecuencia, el juzgado impuso al jefe de la cartera de Trabajo una sanción consistente en cinco días de arresto y una multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalente a más de cinco millones de pesos. Asimismo, dispuso que, de hacerse efectiva la medida, el arresto deberá cumplirse en instalaciones de la Policía Nacional y ordenó oficiar a esa institución para los trámites correspondientes.
El despacho también señaló que el Ministerio incurrió en una conducta “renuente y dilatoria” frente al cumplimiento de la orden judicial, razón por la cual consideró procedente imponer las sanciones previstas en la legislación para los incidentes de desacato.
Tras conocerse la decisión, la representante Katherine Miranda se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que llevaba varios meses solicitando información sobre las actuaciones del Ministerio del Trabajo frente a denuncias de presunto acoso y violencia de género en RTVC.
“Llevo meses pidiendo información sobre las actuaciones del Ministerio de Trabajo frente a las denuncias de acoso y violencia basada en género en RTVC. El ministro Antonio Sanguino prefirió desacatar una orden judicial antes que responder. Hoy un juez ordena su arresto por encubrir a Hollman Morris. ¿Qué están ocultando?”, escribió la congresista.
No obstante, la decisión aún no queda en firme. De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, la providencia deberá ser consultada por el superior jerárquico antes de que la sanción pueda ejecutarse.
El fallo reitera que las órdenes impartidas dentro de una acción de tutela son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas y que su desacato puede dar lugar a sanciones personales, con el fin de garantizar la protección efectiva de derechos fundamentales como el derecho de petición.
