La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío solicitó al Ministerio del Trabajo y al Fondo Milagro modificar cuatro condiciones del programa de apoyo a la nómina para facilitar el acceso de las empresas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. La iniciativa busca aliviar las dificultades financieras de los negocios y reducir el riesgo de despidos en medio de la recuperación económica de la región.
La petición fue presentada por el presidente ejecutivo de la entidad, Rodrigo Estrada Revéiz, ante la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, y el gerente nacional del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo. Según la Cámara de Comercio, los requisitos actuales no reflejan completamente la situación de los establecimientos que perdieron ingresos o tuvieron que suspender sus actividades debido a la emergencia.
Una de las principales propuestas consiste en eliminar la exigencia de que cada trabajador esté inscrito individualmente en el Registro Único de Damnificados (RUD). La entidad considera que los empleadores podrían certificar cuáles trabajadores tenían una vinculación laboral legal al momento del sismo, lo que permitiría evaluar el acceso al beneficio sin depender de ese requisito individual.
La segunda modificación busca permitir que las empresas cuya mora en los aportes a seguridad social se haya originado después del 10 de agosto, como consecuencia de la emergencia, puedan acceder al apoyo. También plantea admitir a empleadores que tengan acuerdos de pago vigentes, siempre que existan mecanismos para normalizar las obligaciones pendientes.
Como tercera medida, la Cámara propone que los empleadores realicen una sola postulación para los seis ciclos del programa, con verificaciones mensuales automáticas mediante la información de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La intención es reducir trámites administrativos tanto para las empresas como para las entidades financieras y el Fondo encargado de administrar los recursos.
La cuarta propuesta consiste en gestionar ante el Gobierno Nacional el aplazamiento, por un periodo de tres a seis meses y sin intereses, de los aportes parafiscales destinados al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las cajas de compensación familiar.
Esta alternativa requeriría una norma con fuerza de ley, dado el vencimiento del término del estado de emergencia, salvo que se prorrogue. La entidad señala que tres de las cuatro propuestas podrían aplicarse mediante ajustes a la reglamentación operativa, sin expedir una nueva norma; sin embargo, no se ha informado en la información suministrada si el Gobierno Nacional aceptó las solicitudes.