La Defensoría del Pueblo advierte que esta cifra es solo la punta del iceberg de un drama que sigue arrebatando la niñez en zonas afectadas por el conflicto.
A pesar de los esfuerzos institucionales y los constantes llamados de alerta de organizaciones defensoras de derechos humanos, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales sigue siendo una grave y dolorosa realidad en Colombia.
Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido de 2024 se documentaron 541 casos de reclutamiento de menores de edad, de los cuales 269 corresponden a comunidades indígenas. Estas cifras actualizan los datos revelados en marzo pasado, cuando se hablaba de 463 víctimas, y revelan un panorama aún más alarmante.
El departamento del Cauca lidera la estadística con 360 casos, seguido de otras regiones en donde el conflicto y la presencia de estructuras armadas ilegales se mantienen activos. Solo entre enero y abril de este año, se han confirmado 21 nuevos casos de reclutamiento.
“La cifra, por sí sola, no puede reflejar la magnitud del daño. Cada caso implica la ruptura del proyecto de vida de una niña, niño o adolescente, el desarraigo violento de su entorno y la exposición a formas extremas de violencia y control”, señaló la entidad.
El EMC (Estado Mayor Central), una de las disidencias de las FARC, es el grupo que más ha reclutado menores, con 205 casos, seguido por otras disidencias no especificadas, con al menos 180.
Un drama invisibilizado
La Defensoría insiste en que el fenómeno está gravemente subregistrado. El miedo a las represalias, la falta de garantías para denunciar, la estigmatización de las víctimas, las barreras geográficas y las debilidades institucionales en territorios con alta presencia armada impiden conocer la verdadera dimensión del problema.
Este crimen, considerado una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, continúa afectando de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables: niñas y niños, afrodescendientes y rurales que, en muchos casos, no encuentran en el Estado una red de protección eficaz.
Desde la Defensoría del Pueblo se reiteró el llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades locales para fortalecer las estrategias de prevención, atención psicosocial y justicia para las víctimas, así como para avanzar en la garantía de derechos de la niñez en los territorios más golpeados por el conflicto.
