Un operativo de la Comisaría de Familia de Cartagena, con apoyo de la Policía Nacional, ordenó el desalojo del candidato presidencial Raúl Santiago Botero Jaramillo de su apartamento en la capital de Bolívar, en el marco de una medida de protección por un presunto caso de violencia intrafamiliar.
La decisión fue adoptada mediante el Auto No. 070 del 29 de mayo de 2026, en el que se conceden medidas provisionales de protección a favor de su esposa, Manuela Echeverri Hoyos, y del hijo menor de la pareja, de diez meses de edad.
De acuerdo con el expediente, la denuncia fue presentada por Echeverri, quien reportó presuntos hechos de violencia ocurridos el 28 de mayo de este , incluyendo amenazas, conductas intimidatorias y el impedimento de ingreso a la vivienda que compartía con el aspirante presidencial.
El documento señala además que la víctima habría sido sometida a “conductas que le causan daño psicológico, amenazas y riesgo físico”, en un contexto de presunto control y dominación dentro del entorno familiar.
Según la Comisaría, la decisión se adoptó de manera urgente ante la existencia de factores de riesgo, entre ellos la presunta utilización de un arma de fuego y antecedentes de amenazas de muerte, lo que configuraría un “riesgo cierto, actual e inminente para la vida e integridad personal de la víctima”.
Medidas de protección y restricción de acercamiento
Como parte de las disposiciones, las autoridades ordenaron que el candidato se abstenga de acercarse o permanecer en los lugares donde se encuentren la mujer y el menor, así como la prohibición de interferir en su residencia o entorno de protección.
Asimismo, el documento establece restricciones para trasladar u ocultar al menor y advierte que el incumplimiento de las medidas podría derivar en acciones penales.
En el caso del niño, fue trasladado a un hogar de paso mientras avanzan las actuaciones administrativas.
El procedimiento de desalojo fue ejecutado en un edificio residencial de Cartagena con acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional. Sin embargo, según versiones preliminares, el candidato habría resistido inicialmente el ingreso de las autoridades, lo que prolongó el operativo durante varias horas.
Las autoridades confirmaron que la intervención se realizó en el marco de un proceso de protección especial por violencia intrafamiliar.
El auto también hace referencia a presuntos episodios de violencia que incluirían amenazas reiteradas, uso de arma de fuego y disparos, así como comportamientos intimidatorios posteriores a los hechos denunciados.
Además, se indica que el candidato tendría experiencia en el manejo de armas, lo que, según el documento, incrementaría el nivel de riesgo para la presunta víctima.
Por esta razón, la Comisaría solicitó a las autoridades competentes evaluar la posible cancelación o revocatoria del permiso de porte o tenencia de armas de fuego.
El caso también incluye una grabación en la que, según el expediente, el candidato habría proferido expresiones amenazantes contra funcionarios de la Comisaría durante el desarrollo del procedimiento.
El contenido del audio hace parte de las pruebas recopiladas dentro del proceso administrativo.
