En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años al exconcejal de Pijao, Quindío, Raúl Restrepo Arias (2020-2023), tras comprobar que asumió el cargo a pesar de estar inhabilitado por una condena judicial.
La investigación determinó que Restrepo Arias ejerció como concejal sin tener en cuenta la prohibición impuesta por el Juzgado Único Penal del Circuito de Calarcá, que en diciembre de 2019 lo condenó a más de 32 meses de prisión, una multa de más de 33 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de 40 meses para ejercer funciones públicas.
El exconcejal fue hallado responsable penalmente como interviniente en la ejecución del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso con falsedad ideológica en documento público, lo que configuró una falta disciplinaria gravísima.
Según la Procuraduría, al asumir el cargo y omitir su inhabilidad, Restrepo Arias transgredió el principio de moralidad en la función pública, afectando el ordenamiento disciplinario. El organismo de control concluyó que el exconcejal actuó de manera contraria a su deber funcional, por lo que su falta fue calificada como gravísima cometida a título de culpa gravísima.