La iniciativa recibió 112 votos a favor en la Cámara de Representantes, luego de ser aprobada por el Senado. El presupuesto será 14,2 % superior al de 2026 y contempla recursos para el funcionamiento del Estado, el pago de la deuda y la inversión pública.
En una extensa jornada legislativa que se prolongó hasta la madrugada de este martes 20 de octubre, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, por un total de $634,9 billones. La iniciativa recibió el respaldo del Senado y posteriormente fue avalada por la plenaria de la Cámara de Representantes, con 112 votos a favor.
La votación en la Cámara se produjo a las 3:40 a. m., luego de una discusión marcada por las diferencias entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición. Con la aprobación del mismo texto por ambas corporaciones, el proyecto superó su trámite legislativo en el Congreso, aunque todavía queda pendiente una ley de ajuste económico.
El presupuesto aprobado representa un incremento del 14,2 % frente al de 2026 y busca garantizar el funcionamiento de las entidades estatales, atender obligaciones financieras y respaldar sectores como salud, educación, seguridad y protección social.
¿Cómo se distribuirán los recursos?
De acuerdo con las cifras presentadas, la mayor parte del presupuesto se destinará al funcionamiento del Estado, con $393,25 billones. Por su parte, el pago de la deuda pública contará con $147,07 billones, mientras que la inversión pública tendrá una asignación de $94,63 billones.
Durante el trámite en segundo debate, la ponencia redujo en $8,36 billones los recursos destinados al pago de la deuda y redistribuyó esa suma entre los rubros de funcionamiento e inversión, sin modificar el monto total del presupuesto.
Entre las partidas contempladas también se encuentran recursos para atender las obligaciones pensionales, financiar la educación pública y fortalecer la seguridad del país. En materia de salud, el Gobierno incorporó $3 billones adicionales a los $2 billones que ya estaban previstos, para completar $5 billones dirigidos a atender las necesidades del sector y enfrentar su crisis.
Asimismo, se incluyeron $3 billones para financiar subsidios de energía y gas, además de $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En educación superior pública, el presupuesto reconoce una brecha cercana a los $700.000 millones para atender necesidades de funcionamiento de las universidades estatales.
Gobierno advierte sobre el rumbo de las finanzas públicas
Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agradeció al Congreso el trabajo realizado durante los últimos dos meses y calificó el trámite como uno de los más difíciles que ha tenido que afrontar el Legislativo.
El funcionario insistió que es necesario revisar el manejo de las finanzas públicas y advirtió sobre las consecuencias de mantener un nivel de gasto superior a los ingresos del Estado.
“Este presupuesto no es como cualquier otro. En este presupuesto tenemos que escoger si cambiamos de rumbo o si seguimos en el mismo rumbo”, afirmó el ministro durante el debate.
Tras la aprobación en la Cámara, Gómez sostuvo que el aval legislativo constituye un primer paso para recuperar la estabilidad económica del país.
Austeridad obligatoria para las entidades públicas
Uno de los puntos incluidos en el proyecto es el artículo 92, que establece un programa de austeridad de obligatorio cumplimiento para las entidades estatales. La disposición contempla priorizar la reducción de contratos de prestación de servicios y otros gastos considerados no esenciales, como viáticos, eventos y publicidad.
La medida busca promover un uso más eficiente de los recursos públicos en un escenario en el que el Gobierno ha insistido en la necesidad de controlar el gasto y atender las obligaciones financieras de la Nación.
Sin embargo, el debate estuvo marcado por desacuerdos entre el Ejecutivo y la oposición. Durante la discusión, sectores del Pacto Histórico pidieron archivar la iniciativa y cuestionaron la falta de margen para negociar el contenido del presupuesto con el Gobierno.
Un presupuesto que marcará las prioridades de 2027
Con la aprobación del Congreso, el presupuesto de 2027 define la hoja de ruta financiera del Estado para el próximo año, con recursos destinados a cubrir obligaciones, sostener los servicios públicos y financiar programas de inversión.
El reto estará en ejecutar las partidas previstas y responder a las necesidades de sectores como salud, educación y protección social, al tiempo que se atienden los compromisos de deuda y se busca mantener la estabilidad de las finanzas públicas.
La distribución final de los recursos y las medidas de austeridad serán determinantes para establecer cómo se traducirá este presupuesto en resultados para los ciudadanos durante 2027.