as emergencias naturales suelen sacar a la luz la verdadera capacidad de respuesta de los gobernantes frente a las crisis. Sin embargo, cuando el polvo se asienta y las ruinas quedan al descubierto, muchas veces lo que sale a flote no es la eficiencia administrativa, sino una preocupante cadena de presuntas omisiones que terminan costándole miles de millones al Estado y perjudicando a la población más vulnerable.
Esta indignante situación tiene hoy contra las cuerdas a una administración municipal en el Quindío, que ahora deberá dar la cara por un presunto e injustificable descuido. Mientras la máxima autoridad local se mostraba ante las cámaras vendiendo una imagen de gran gestor durante la emergencia, una rigurosa investigación política destapó que la infraestructura pública estaba completamente desprotegida frente a los desastres.
El epicentro de este gran escándalo es Quimbaya. Allí, el sismo del 10 de agosto causó el inminente colapso del histórico colegio Policarpa Salavarrieta, dejando a más de 1.200 estudiantes a la deriva. La diputada Jéssica Obando denunció que, tras el silencio evasivo de la administración del alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito frente a sus requerimientos legales, descubrió que el municipio sí tiene un contrato de seguros vigente, pero inexplicablemente el plantel educativo no fue incluido.
Dejar por fuera a esta institución vulnera la normativa que obliga a los municipios a amparar sus bienes educativos. Ante esta situación, calificada de grave negligencia administrativa por parte del mandatario Rodríguez Brito, el Gobierno Nacional tendrá que inyectar $5.000 millones para la reconstrucción. Hoy, la diputada Obando exige respuestas claras sobre este desamparo patrimonial y avanza con la estructuración de las respectivas quejas disciplinarias.
