La apertura de una investigación disciplinaria contra cuatro alcaldes del Quindío por presunta omisión de funciones dentro de Empresas Públicas del Quindío, EPQ, volvió a encender la controversia alrededor de la empresa y de la forma en que se vienen manejando sus decisiones internas. Desde el Gobierno departamental advierten que la información divulgada no refleja el contexto completo ni cuenta con los soportes jurídicos necesarios para sustentar los señalamientos.
Isabel Lezama, secretaria de Representación Judicial del departamento y delegada del gobernador del Quindío en la Junta Directiva de EPQ, confirmó a Quindío Noticias que también fue vinculada al proceso disciplinario. Explicó que, por ser servidora pública del orden departamental, su caso lo adelanta la Procuraduría Regional, mientras que el de los alcaldes está en la Procuraduría Provincial. Aseguró que se trata del mismo expediente y de los mismos hechos.
La funcionaria señaló que la queja que dio origen a la investigación fue presentada por Jesús Antonio Obando Roa, un ciudadano cuya intervención genera inquietudes debido a que, según afirmó, no existen registros oficiales del desarrollo de la Asamblea de EPQ donde presuntamente ocurrieron las irregularidades denunciadas. No existe acta firmada ni registrada, paso indispensable para que cualquier actuación del órgano directivo tenga validez jurídica. Sin ese documento, las actuaciones descritas en la queja no pueden verificarse.
Lezama fue enfática en que los actos de las asambleas y órganos de administración de las empresas públicas son de carácter reservado, y que ningún ciudadano puede conocer formalmente su contenido si el acta no ha sido expedida, firmada y registrada. En su defensa solicitó la declaración juramentada del denunciante para que explique cómo obtuvo la información que motivó la queja disciplinaria.
La secretaria sostuvo que la única prueba válida para determinar si existió alguna irregularidad es el acta de la Asamblea debidamente firmada y registrada ante la autoridad competente. Mientras EPQ no produzca este documento, no hay soporte jurídico para evaluar los hechos. “Para que un hecho pueda ser materia de investigación disciplinaria primero debe existir jurídicamente, y sin el acta no hay forma de verificar lo que se afirma”, indicó.
Desde el Gobierno departamental insistieron en que están dispuestos a que la Procuraduría avance con todas las garantías, imparcialidad y rigor necesarios para esclarecer lo ocurrido. Señalaron que su actuación se ajustó a lo establecido en los estatutos de la empresa y a la representación legítima de los ciudadanos del departamento.
Mientras tanto, la falta del acta mantiene en entredicho la validez de la denuncia y abre un nuevo capítulo en la ya histórica controversia sobre la gestión administrativa de EPQ, una empresa que, además de arrastrar observaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, vuelve a estar en el centro del debate por decisiones internas aún sin soporte documental.
