Mediante la ordenanza 017 del 2019 quedó aprobada por la Asamblea Departamental, la política pública de diversidad sexual de identidad de género que busca brindar atención incluyente a la población LGTBI en diferentes aspectos de la sociedad. Nataly Camargo, enlace de la población pido especial cuidado ante temas de salud, ya que muchas personas transgénero deciden inyectarse sustancias como cemento para cambiar su aspecto.
Desde el 2016, la mesa departamental LGBTI conformada mediante el decreto 362, trabajó junto a los diferentes actores sociales como la defensoría del pueblo, las personerías municipales, la policía departamental, el ejército, las administraciones públicas y la academia, para establecer las diferentes características y necesidades de la población que era desatendida e invisibilizada por parte de la ciudadanía. Desde entonces y hasta la fecha, lograron determinar las numerosas situaciones por las que atraviesa una persona que ha decidido cambiar de género.
Nataly Camargo, enlace departamental de la población LGTBI de la Secretaria de Familia, expuso que en temas de salud existe una problemática muy seria sobre los procesos de transfiguración que realizan las mujeres transgénero. Marulanda expresó que personas en su afán de cambiar su identidad o incluso verse más atractivas, deciden inyectarse e incorporar en sus cuerpos materiales como cemento, aceites industriales, aceite de cocina, sellantes para baño y toda clase de insumos que pueden perjudicar altamente la salud.
“Esto es una problemática muy amplia que se convierte en un problema de salud pública. Estas cosas las consiguen las personas transgeneristas, la gran mayoría de mujeres trans lo están inyectado en sus glúteos y en sus senos para dar volumen y realizar procesos de transfiguración médica. Las hormonas las están vendido sin prescripción médica en las farmacias y estos procesos de transfiguración tan agresivos las está afectando en el sistema respiratorio, el sistema óseo, les está ocasionando necrosis en los tejidos y hasta les está costando su vida.”
Con casos como estos se busca establecer las líneas estratégicas para la intervención, mitigación y resolución de problemas en corto, mediano y largo plazo. Entregar rutas de atención claras para evitar discriminación cuando una persona es violentada.
Igualmente, la educación, la aceptación de familia, las condiciones de salud física y mental son otros temas que se busca abordar con esta política pública.
“El tema de la deserción estudiantil causadas por el bullying u hostigamiento por su condición LGTBI. Las condiciones de calle porque han sido expulsados de sus casas y les queda venderse sexualmente como única opción de sobrevivir, el tema del VIH sida que está disparado, la mitigación de la salud mental. Mira, del alto índice de suicidios de los 37 que lleva el Quindío hasta ahora, 19 corresponde a las personas LGTBI. Esta es una cifra que hace un llamado a las personas sobre qué estamos haciendo por esta población que ha sido tan invisibilizada.”, agregó Camargo.
La política pública empezará a regir a partir de este año hasta el 2029 y será uno de los documentos que permita la reivindicación de los derechos de personas con personas de orientación sexual diversa para que el Quindío sea un territorio libre de discriminación.
