El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, advirtió sobre la crítica situación del sistema carcelario en el departamento y la nueva carga económica que enfrentarán las entidades territoriales debido a la entrada en vigencia de la Ley 2436 de 2024.
El funcionario explicó que en el Quindío existen tres centros penitenciarios: la cárcel de mujeres, la de hombres en Armenia y la de Calarcá. Desde la Gobernación se ha hecho seguimiento al funcionamiento de estos establecimientos, aportando colchonetas y combustible para mejorar sus condiciones. Sin embargo, Pérez resaltó la preocupación por el retraso en la entrega del pabellón de Peñas Blancas, cuya culminación ha sido postergada en varias ocasiones. Aunque la ministra de Justicia anunció su entrega en marzo, el secretario estima que solo estaría listo a finales de 2025. Este pabellón aliviaría el hacinamiento de sindicados, que actualmente fluctúa entre 200 y 300 personas en el departamento.
Además, el secretario destacó que la nueva Ley 2436 de 2024, -saldrá este 13 de febrero- en su artículo segundo, establece que, a partir del 1 de julio de este año, la alimentación de los privados de la liberta será responsabilidad de las entidades territoriales, lo que supone un gasto anual estimado en 2.000 millones de pesos. “Es una carga económica muy fuerte para el departamento y los municipios, que ya han manifestado que no cuentan con los recursos suficientes”, advirtió Pérez.
“Esto es una problemática nacional, nosotros vamos a solicitar una reunión con jefe de la cartera de justicia. Hoy la alimentación está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, pero ya dijo, no señor, las entidades territoriales se encargan de la alimentación, es una carga económica muy fuerte a todo el territorio, hacemos un llamado respetuoso”, reiteró Pérez.
Ante este panorama, la Gobernación ha solicitado una reunión con el Ministerio de Justicia para buscar alternativas. Asimismo, el gobernador del Quindío ha elevado la problemática a la Federación Nacional de Departamentos para gestionar soluciones con el Gobierno Nacional.
El secretario hizo un llamado al Gobierno para que impulse una reforma carcelaria que permita a los internos trabajar y generar su propio sustento. “Son 2.000 millones de pesos menos para educación, inversión social, deporte, cultura e incluso seguridad. Es urgente una solución estructural”, concluyó.
