La Gobernación del Quindío salió al paso de las versiones que circulan en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre un supuesto arresto del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, aclarando que la sanción impuesta por un juez no está en firme y que actualmente se encuentra en trámite el recurso legal correspondiente para solicitar su revocatoria.
La controversia surgió luego de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Quimbaya impusiera una sanción de arresto por dos días y una multa al mandatario departamental dentro de un incidente de desacato derivado de una acción de tutela promovida por el ciudadano Levison Castaño González, quien alegó la vulneración de su derecho fundamental a la salud tras la falta de respuesta a un derecho de petición y al posterior fallo de tutela.
Tras conocerse la decisión judicial, la secretaria de Representación Judicial del Quindío, Isabel Cristina Lezama, publicó un video oficial en el que explicó el verdadero alcance de la providencia y pidió a la ciudadanía conocer el contexto jurídico antes de sacar conclusiones sobre el proceso.
“Fuimos notificados de la imposición de una sanción en contra del señor gobernador por el presunto incumplimiento de un fallo de tutela; sin embargo, esa sanción aún no está en firme”, afirmó Lezama, quien precisó que la decisión judicial todavía puede ser revisada por el superior jerárquico.
La funcionaria explicó además que el equipo jurídico de la Gobernación ya interpuso los recursos previstos por la ley y actualmente adelanta la presentación de las pruebas que, según indicó, demostrarán las actuaciones realizadas por la administración departamental y permitirán solicitar la revocatoria de la sanción.
“Nos encontramos en el proceso ante el juez superior de aportar las pruebas que aclararán lo sucedido y permitirán la revocatoria de la decisión”, agregó la secretaria de Representación Judicial, reiterando que el caso continúa en trámite y que aún no existe una decisión definitiva.
La Gobernación recordó que esta no es la primera vez que se presenta una situación de esta naturaleza. En 2024, el gobernador Juan Miguel Galvis enfrentó una sanción similar dentro de otro incidente de desacato; sin embargo, tras la intervención del equipo jurídico del departamento, la decisión fue revocada por la autoridad competente y nunca llegó a ejecutarse.
Finalmente, la administración departamental hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para informar con responsabilidad y acudir a las fuentes oficiales antes de difundir versiones que puedan generar desinformación. La Gobernación reiteró su respeto por las decisiones judiciales y aseguró que continuará ejerciendo los mecanismos legales que garantiza el debido proceso para la defensa de los intereses del departamento y de su mandatario.
