A partir de este 1 de enero, el precio de los combustibles en Colombia presenta un incremento, según lo confirmó el Gobierno Nacional antes de finalizar el 2024. El galón de gasolina aumentará $91, situándose en un promedio de $16.085 en Bogotá y $15.685 en otras ciudades principales. Por su parte, el ACPM tendrá un ajuste mayor, con un alza de $169, alcanzando un promedio de $10.725 en la capital y $10.423 en otras regiones.
De acuerdo con un comunicado emitido por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, los ajustes responden a las indexaciones anuales de varios componentes de la estructura de precios, como la sobretasa al ACPM, las tarifas de transporte de poliductos y los biocombustibles. Estas alzas están reglamentadas y no dependen directamente del Gobierno Nacional.
Otro factor determinante es el incremento de la mezcla de biodiesel del 8% al 10%, luego de una reducción transitoria en el último trimestre del 2024. Este cambio genera presión sobre el precio debido a que el biodiesel, cotizado en $21.572 por galón, es significativamente más costoso que el combustible fósil, cuyo valor es de $5.526 por galón.
Para amortiguar el impacto en los consumidores, el Gobierno Nacional reducirá el Ingreso al Productor del Combustible Fósil en $179, pasando de $5.526 a $5.347 por galón. Esta medida implica un costo fiscal de $387.000 millones para el Estado y busca evitar incrementos más pronunciados en el precio del ACPM.
En el 2024, el Gobierno subsidiaba $4.615 por cada galón de ACPM a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), lo que representó un costo aproximado de $10,6 billones para el país. Según el comunicado, Colombia mantiene uno de los precios más bajos del ACPM en la región, ubicándose un 35,8% por debajo del promedio de América Latina.
El aumento en los precios de los combustibles podría generar un impacto en los costos de transporte y bienes básicos, afectando sectores como la logística y el comercio. Sin embargo, el Gobierno asegura que las medidas adoptadas buscan garantizar un balance entre el costo para el consumidor y la estabilidad fiscal del país.
