La controversia política desatada por la divulgación de audios y videos que revelarían reuniones secretas entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y altos delegados del Clan del Golfo sigue creciendo de manera exponencial. Este miércoles, el Ejecutivo coordinó una respuesta en bloque para blindar la legitimidad de las Fuerzas Militares: mientras el presidente Gustavo Petro defendió las directrices de su administración, los ministros de Defensa, Iván Velásquez (quien lideraba la cartera en la época de los hechos) y el actual ministro Sánchez, salieron al paso para contener los duros cuestionamientos de la oposición.
La investigación de Noticias Caracol reveló grabaciones de un encuentro sostenido el 2 de septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y alias “Jerónimo”, uno de los comandantes de la organización criminal. Según los audios, en la reunión se abordaron temas críticos como el cese de operaciones militares, el manejo de inteligencia, la suspensión de extradiciones y la concesión de eventuales beneficios judiciales en el marco de la política de Paz Total.
Las revelaciones provocaron un tsunami de críticas desde diversos sectores que cuestionan la estrategia de pacificación nacional impulsada durante los últimos cuatro años. Frente a las versiones que señalan que Rueda habría presionado la salida de oficiales de la Fuerza Pública para facilitar los acercamientos con el Clan del Golfo, el exministro de Defensa Iván Velásquez negó categóricamente dicha posibilidad, asegurando que ningún retiro civil o militar obedeció a exigencias del grupo armado ilegal.
A través de un pronunciamiento detallado de siete puntos, el exministro Velásquez argumentó que los procesos de evaluación y retiro de los altos mandos militares y policiales durante su gestión se realizaron bajo una rigurosa revisión técnica e institucional. Asimismo, rechazó tajantemente que se hubiese pactado suspender los bombardeos contra estructuras criminales, aclarando que la única directriz aérea implementada bajo su mando fue la prohibición de operaciones en zonas donde existiera riesgo inminente para menores de edad.
A esta línea de defensa institucional se sumó de manera contundente el actual ministro de Defensa, Sánchez, quien respaldó la posición de su antecesor y enfatizó que la seguridad nacional nunca ha estado en negociación. El ministro Sánchez aseguró ante la opinión pública que las directrices actuales mantienen la ofensiva total contra los grupos armados y que los organismos de inteligencia continúan operando con absoluta independencia y rigor, desestimando cualquier supuesto debilitamiento estructural de las fuerzas.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro también reaccionó con firmeza a la polémica y defendió las decisiones operacionales adoptadas bajo su mandato. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado reiteró que ningún integrante de la Fuerza Pública fue apartado de su cargo por presiones externas y sostuvo que las desvinculaciones obedecieron exclusivamente a solicitudes personales, faltas relacionadas con derechos humanos, participación en política o indicios de corrupción.
El mandatario aprovechó el escenario para cuestionar el rumbo que tomaría la política de seguridad nacional bajo el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, advirtiendo que el país podría retornar a doctrinas contrarias a los derechos humanos. No obstante, las respuestas desde la oposición no se hicieron esperar; la senadora María Fernanda Cabal calificó como inaceptables las presuntas concesiones y afirmó en su cuenta de X que “las negociaciones con criminales se hicieron a espaldas del país”, exigiendo que Petro y Rueda respondan ante la justicia.
En la misma sintonía, el representante electo Daniel Briceño denunció que el Gobierno adelantó pactos secretos que habrían coincidido con la polémica solicitud de mayo de 2026 realizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para levantar 29 órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo. Dicha petición, que incluía la revisión de procesos judiciales y que fue rechazada en su momento por la Fiscalía General de la Nación, se mantiene en el ojo del huracán mientras el debate político continúa encendido.
Finalmente, la investigación señala que durante las conversaciones se discutió la revisión de procesos judiciales contra integrantes del grupo criminal y la depuración de organismos de inteligencia. Estas revelaciones coinciden, además, con la reciente solicitud realizada en mayo de 2026 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para levantar 29 órdenes de captura contra miembros de esa organización, una petición que fue rechazada inicialmente por la Fiscalía General de la Nación.
