El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, con el que se planteaba una reorganización territorial del sistema de salud que implicaba el traslado de más de seis millones de usuarios a distintas Entidades Promotoras de Salud (EPS), principalmente a la Nueva EPS.
La decisión del alto tribunal se da tras estudiar una solicitud de medida cautelar presentada por la excongresista Katherine Miranda, quien advirtió sobre los riesgos de traslados forzosos sin el debido sustento técnico ni garantías para los usuarios.
Según el fallo, la permanencia del decreto podría generar una afectación actual y continua al derecho fundamental a la salud, lo que motivó su suspensión inmediata bajo el principio de “periculum in mora”, es decir, el riesgo de un daño mientras se resuelve de fondo la legalidad de la norma.
El Consejo de Estado también señaló que el modelo propuesto no cumple con el principio de proporcionalidad, al considerar que las medidas adoptadas afectan de manera significativa la libre escogencia de la EPS y comprometen principios como la accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad en la prestación del servicio.
La norma, expedida en febrero de 2026, establecía un esquema de territorialización que limitaba el número de aseguradoras por municipio y departamento, lo que en la práctica reducía la oferta de EPS y obligaba a la reasignación de afiliados, especialmente hacia entidades intervenidas por el Estado como la Nueva EPS.
El alto tribunal advirtió, además, que el decreto podría constituir una “regresión injustificada” en materia de derechos, al modificar condiciones existentes sin una justificación suficiente que respalde su constitucionalidad.
Por su parte, el Ministerio de Salud había defendido la medida argumentando que buscaba corregir fallas estructurales del sistema, garantizar la continuidad en la atención y mejorar la sostenibilidad financiera. Asimismo, aseguró que no se trata de un traslado arbitrario, sino de una reorganización técnica para evitar interrupciones en el servicio.
Tras conocerse la decisión, Katherine Miranda aseguró que la suspensión representa un freno a una iniciativa que, según dijo, pretendía mover a millones de usuarios sin su consentimiento hacia una entidad que enfrenta múltiples quejas por fallas en la atención.
El proceso comenzará ahora con el análisis de fondo sobre la legalidad del decreto, mientras queda suspendida cualquier aplicación de la medida que implicaba cambios masivos en la afiliación de usuarios dentro del sistema de salud.
