El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó este martes 5 de mayo la realización de un denominado “juicio revolucionario condenatorio” contra cuatro funcionarios de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, secuestrados en el departamento de Arauca en 2025.
Los uniformados retenidos corresponden a los policías Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), así como a los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes permanecen en el poder del grupo armado desde mayo y julio del año pasado.
De acuerdo con la información difundida por el ELN a través de videos y comunicados, los funcionarios fueron sometidos a un proceso que la guerrilla denomina como “juicio revolucionario”, en el que se les atribuyen presuntos actos de espionaje, tortura, agresiones contra la población civil y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas públicas.
En el pronunciamiento, el grupo armado señaló que no se aplica “pena capital”, pero sí lo que se denomina “prisión revolucionaria”, con sanciones que implican la prolongación del cautiverio. Según lo anunciado, las condenas van desde 36 meses para los policías hasta 55 y 60 meses adicionales para los funcionarios del CTI.
Los policías Hoyos Murcia y Pérez Mendoza habrían sido retenidos el 20 de julio de 2025 en la vía que comunica a Tame con la ciudad de Arauca, mientras que los agentes del CTI fueron secuestrados el 8 de mayo del mismo año en el municipio de Fortul, según el reporte del grupo armado.
El más reciente registro de supervivencia de los secuestrados se conoció el 16 de febrero, cuando el ELN difundió videos en los que los funcionarios enviaban mensajes a sus familias y solicitaban la intervención del Gobierno Nacional para lograr su liberación.
Frente a estos hechos, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han reiterado el llamado a la liberación inmediata y sin condiciones de los cuatro servidores públicos, insistiendo en que el secuestro constituye una grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Las autoridades han advertido que este tipo de acciones prolongan el sufrimiento de las víctimas y sus familias, además de dificultar los esfuerzos por la construcción de paz en el país.
Mientras tanto, el ELN ha señalado que los detenidos permanecerán bajo lo que denominan “prisión revolucionaria”, manteniendo su postura de no acoger decisiones de la justicia ordinaria colombiana, en medio de un contexto de tensión y ausencia de avances en su liberación.
