El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció una serie de medidas para corregir las fallas detectadas en la cárcel de Itagüí, luego de que se confirmaran múltiples irregularidades en el manejo del centro penitenciario, entre ellas el ingreso de elementos prohibidos, adecuaciones no autorizadas y la ausencia de sistemas de vigilancia en zonas clave.
El funcionario explicó que, conforme avanzan las investigaciones, se ha logrado comprender la magnitud de lo ocurrido. “A medida que se van conociendo muchas de las cosas, uno va entendiendo qué era lo que estaba pasando y cuáles eran las medidas que se van tomando”, señaló.
Como primera acción, el ministro rechazó públicamente los hechos. “Lo he rechazado enfáticamente y he ofrecido excusas al país”, afirmó. De manera paralela, se iniciaron procesos disciplinarios internos contra funcionarios presuntamente involucrados, incluyendo al personal de guardia, mientras que la Procuraduría y la Fiscalía asumieron las investigaciones correspondientes.
En medio de la controversia, también se suspendieron los diálogos debido a la posible participación de algunos internos en los hechos. Sin embargo, Cuervo aclaró que la situación es compleja, ya que no todos los privados de la libertad habrían estado involucrados. “Estamos tratando de identificar cuáles sí y cuáles no”, indicó, al advertir que eventuales traslados deben manejarse con cautela para no afectar un posible retorno a las negociaciones.
El ministro también se refirió a las modificaciones encontradas dentro del penal. Explicó que algunas estructuras, como instalaciones en mármol, no son recientes y datan de décadas atrás, incluso desde la época de organizaciones como el Cartel de Medellín. Estas adecuaciones están siendo evaluadas por la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), ya que su retiro podría generar afectaciones estructurales.
Asimismo, se confirmó la existencia de adecuaciones más recientes, como la habilitación de espacios para reuniones, que hacían parte de beneficios otorgados para facilitar procesos de diálogo. No obstante, el ministro reconoció que estos beneficios habrían sido mal utilizados. “Lo que puedo entender es que esos beneficios fueron abusados”, afirmó, al señalar que cualquier reactivación de la mesa estará condicionada a que estos hechos no se repitan.
Entre las medidas inmediatas, el Gobierno reforzó la seguridad externa del penal mediante un cerco militar y anunció la instalación de cámaras de vigilancia, prevista para el 30 de abril, tras superar dificultades contractuales que habían retrasado el proceso.
Finalmente, Cuervo insistió en que las decisiones se están tomando de manera progresiva, con base en la evidencia recopilada. “Estamos tomando las acciones a medida que tengamos información (…) la idea es que esto no vuelva a pasar”, concluyó.
