La seguridad vuelve a ocupar un lugar prioritario en la agenda del Quindío ante el aumento de los hechos violentos en el departamento. El secretario del Interior, Jaime Andrés Pérez, reconoció que existe una afectación particularmente preocupante por los homicidios y señaló que el índice delictivo ha aumentado un 17 % frente al año anterior. Según explicó, las autoridades vienen implementando planes de choque para enfrentar esta situación y contener el avance de la criminalidad.
Uno de los principales factores identificados por la administración departamental es el microtráfico. Pérez aseguró que, de acuerdo con los análisis de las autoridades, el 80 % de los homicidios tendría relación directa con este fenómeno, mientras que otro porcentaje estaría asociado con hechos de intolerancia relacionados indirectamente con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Ante este panorama, el funcionario manifestó que espera que el nuevo Gobierno nacional respalde la creación de un bloque urbano de seguridad y fortalezca las capacidades operativas de las autoridades.
La solicitud no se limita al incremento del pie de fuerza. El secretario del Interior insistió en la necesidad de contar con más tecnología y parque automotor, herramientas que considera fundamentales para mejorar la reacción y la prevención del delito en los municipios. La expectativa de las autoridades departamentales es que la nueva administración nacional brinde un mayor respaldo a los gobernadores y permita fortalecer las estrategias de seguridad que actualmente se desarrollan en las regiones.
Desde su perspectiva como abogado, y no únicamente como secretario del Interior, Pérez también planteó la necesidad de una reforma a la justicia y al sistema carcelario. Cuestionó que desde algunos establecimientos penitenciarios puedan coordinarse actividades delictivas como llamadas extorsivas, estafas, comercialización de drogas y, según afirmó, órdenes relacionadas con homicidios. También llamó la atención sobre la participación de menores de edad en hechos delincuenciales y consideró necesario revisar el tratamiento que reciben dentro del sistema de responsabilidad penal.
El funcionario sostuvo que la discusión debe ir más allá de los menores y abarcar el funcionamiento general del sistema judicial. Como ejemplo, mencionó las dificultades para judicializar determinados casos relacionados con habitantes en condición de calle que cometen hurtos de manera reiterada, según su apreciación. Para Pérez, estas situaciones terminan generando una sensación de impotencia entre las comunidades que diariamente se preguntan qué medidas pueden adoptarse frente a quienes reinciden.
Mientras el departamento espera un mayor respaldo del Gobierno nacional, las autoridades quindianas mantienen los planes de choque contra el delito. El reto, según el secretario del Interior, será combinar mayor capacidad operativa con tecnología, prevención y cambios estructurales en justicia y sistema penitenciario, en un momento en que la violencia asociada al microtráfico y la intolerancia continúa representando uno de los principales desafíos para la seguridad del Quindío.
