La Corte Constitucional falló a favor de 15 consejos comunitarios campesinos que, en una demanda, solicitaban tumbar dos resoluciones del 2012 que establecieron zonas de reserva minera en Chocó y en 19 departamentos más del país, considerando que no se respetó el derecho a la consulta previa.
Se trata específicamente de las resoluciones 180241 y la 0045 del 2012. La primera delimitó las áreas de reserva minera en Nariño, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca, Quindío, Chocó, Risaralda, Caldas, Antioquia, La Guajira, Cesar, Bolívar y Santander. La segunda declaró áreas estratégicas mineras de más de 22 millones de hectáreas, de las cuales 17 corresponden a 22 polígonos ubicados en Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó.
Estas zonas se crearon después de que el Congreso aprobara el Plan de Desarrollo 2010-2014 que estableció que la autoridad minera determinará los minerales de interés estratégico para el país, sobre los cuales podrá delimitar las áreas especiales en zonas que se encuentren libres.
Para los demandantes, las áreas mineras que se delimitaron en las mencionadas resoluciones se hicieron sobre territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes.
Estas áreas podían ser adjudicadas en los próximos 5 o 10 años, dependiendo del tipo de conocimiento geológico que se tenga sobre la zona.
Al estudiar los argumentos de las comunidades, la Corte Constitucional -con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo- recordó en la sentencia que los pueblos indígenas y las comunidades negras tienen derechos fundamentales de especial protección. Así, aseguró que su jurisprudencia ha establecido que la consulta previa es un derecho fundamental.
La sentencia afirma que las autoridades gubernamentales no realizaron un análisis integral de las consecuencias e impactos que esas áreas mineras pudieran tener para el “equilibrio ecológico y social”.
El alto tribunal recordó las reglas de la consulta previa donde se indica que precisamente este ejercicio se debe realizar antes de la medida que afecta a la comunidad, pues de otra manera no tendría efecto en la planeación e implementación de los proyectos que se pretenden. Además, debe adelantarse con representantes legítimos de la comunidad.
La posición del Gobierno
En resumen, el Ministerio del Interior afirmó que la consulta previa debía realizarse no en la delimitación de las áreas, sino durante el proceso precontractual, obligación que recaería en el concesionario una vez se efectúe la correspondiente concesión del área. El Ministerio de Minas, por su parte, estuvo de acuerdo con el Ministerio del Interior y afirmó en el proceso que la delimitación se hizo bajo los principios de utilidad pública y guardando el interés social que tiene la industria minera colombiana.
