En las primeras luces del día, los protectores tradicionales de los manglares en el Golfo de Morrosquillo se embarcan en su labor. En medio del clima húmedo de la costa caribeña colombiana, este grupo de pescadores y mangleros se moviliza en sus botes, equipados con machetes y pintura especial para marcar árboles. Su misión es calcular, junto con científicos, la cantidad de carbono retenida en más de 9,000 hectáreas de manglares. Esta tarea es clave para Vida Manglar, el primer proyecto de carbono azul en Colombia certificado por VERRA, cuyo propósito es evitar la liberación de aproximadamente 939,296 toneladas de CO₂ en las próximas tres décadas.
El término carbono azul hace referencia al dióxido de carbono capturado y almacenado en ecosistemas marinos y costeros, como los manglares, marismas y praderas marinas. Según estudios, estos ecosistemas absorben carbono a un ritmo superior al de los bosques terrestres. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señala que su capacidad de eliminación de CO₂ es hasta diez veces mayor que la de las selvas tropicales.
No obstante, estas reservas naturales de carbono enfrentan amenazas constantes debido a la intervención humana, el aumento del nivel del mar y fenómenos climáticos extremos. Estos factores aceleran la erosión y degradación de los ecosistemas, lo que podría provocar la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
“Proteger estos ecosistemas es fundamental para mitigar el calentamiento global y salvaguardar tanto los manglares como las comunidades que dependen de ellos”, destaca María Claudia Diazgranados, directora del programa de carbono azul de Conservación Internacional y una de las impulsoras de Vida Manglar desde sus inicios.
Entre 2015 y 2018, esta iniciativa logró retener 68,932 toneladas de CO₂ mediante estrategias de conservación y gestión del territorio. Para ello, científicos, entidades gubernamentales y organizaciones locales trabajaron en la restauración de los manglares, la reducción del impacto humano, el impulso de alternativas económicas sostenibles y el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. La primera fase del proyecto se desarrolló en Córdoba, Colombia, con la aspiración de expandirse a toda la región del Golfo de Morrosquillo en el futuro.
