En una de las reformas más ambiciosas en materia de justicia en las últimas tres décadas, el gobierno del Reino Unido anunció este jueves la implementación de un programa piloto de castración química para delincuentes sexuales, como medida para reducir la reincidencia y aliviar la creciente saturación carcelaria.
La ministra de Justicia, Shabana Mahmood, confirmó ante el Parlamento que el tratamiento será probado inicialmente en 20 prisiones de dos regiones del país, y podría ser obligatorio en ciertos casos, una medida que ya se aplica en países como Polonia y algunos estados de Estados Unidos.
“Estoy explorando si es posible imponer este enfoque”, señaló Mahmood. “Por supuesto, debe implementarse junto con intervenciones psicológicas que aborden otras causas del delito, como la afirmación del poder y el control”.
La castración química, basada en la administración de medicamentos para reducir el deseo sexual, está dirigida principalmente a pederastas y agresores reincidentes, y se acompañará de terapias psicológicas. El tratamiento, según la ministra, podría reducir hasta en un 60% la reincidencia, de acuerdo con estudios internacionales.
La propuesta forma parte de un paquete de recomendaciones del exministro conservador David Gauke, quien advierte sobre la necesidad urgente de replantear el uso del encarcelamiento ante el colapso del sistema penitenciario británico.
Además del programa de castración, el plan contempla otras medidas controvertidas:
-
Liberación anticipada de violadores, asesinos y delincuentes peligrosos al cumplir la mitad de su condena.
-
Construcción de tres nuevas prisiones para aliviar la saturación actual.
-
Revisión de los registros médicos para permitir la imposición obligatoria del tratamiento, incluso sin el consentimiento del reo.
-
Reformas al sistema de sentencias, priorizando sanciones comunitarias para delitos menores y ampliación de la deportación de delincuentes extranjeros al cumplir un tercio de su condena.
Mahmood también anunció una inversión de 700 millones de libras anuales para fortalecer el Servicio de Libertad Condicional y mejorar la gestión de infractores en la comunidad.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han levantado preocupaciones sobre la legalidad y ética de imposición de tratamientos médicos sin consentimiento, calificando la propuesta como “una regresión peligrosa”.
La ministra rechazó sin embargo la posibilidad de que terroristas y delincuentes de alta peligrosidad puedan beneficiarse de reducciones de penas por buena conducta o programas de rehabilitación, como lo sugeriría el informe Gauke.
Finalmente, el gobierno también busca ampliar los Tribunales Especializados en Violencia Doméstica y aumentar las penas alternativas —como prohibiciones de viajar, o asistir a eventos masivos— para delitos sexuales de menor gravedad.
