Este viernes se llevó a cabo la segunda mesa departamental de protección y bienestar animal en el Quindío, en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016, reuniendo a autoridades, organizaciones y defensores de animales para seguir construyendo estrategias que garanticen la defensa de los derechos de los animales en el departamento.
La diputada Beatriz Elena Aristizábal, reconocida defensora de los animales en la región, destacó que estos espacios para articular esfuerzos entre instituciones y fortalecer la respuesta ante casos de maltrato y abandono. “Lo que buscamos es articular las diferentes instituciones que tienen competencia en estos temas para fortalecer esa respuesta institucional frente a los diferentes casos que se presentan en relación a los animales de nuestro departamento”, afirmó.
Aristizábal explicó que, tras un diagnóstico inicial realizado en la primera mesa, se evidenció la falta de recursos económicos y de infraestructura adecuada para atender a los animales rescatados. “Todos los municipios tienen la misma dificultad con el tema de recursos. La voluntad política es necesaria, pero también debemos generar estrategias que transformen la conducta del ser humano frente a la tenencia responsable de animales”, sostuvo.
Uno de los puntos críticos señalados fue la carencia de refugios municipales adecuados y bien administrados. Según la diputada, los albergues deben servir para casos de presunto maltrato, medidas preventivas y programas de control poblacional como capturar, esterilizar y liberar, pero no pueden convertirse en depósitos para animales abandonados por decisiones irresponsables. “La gente no ha dimensionado que cuando uno asume la tenencia de un animal de compañía es para toda la vida”, enfatizó.
En el Quindío se estima que existen alrededor de 15 fundaciones legalmente constituidas dedicadas al rescate y cuidado de animales, además de decenas de personas naturales que dedican su vida a esta causa. La labor institucional, sin embargo, aún enfrenta retos: aunque se han presentado casos de maltrato que se han judicializado bajo la Ley 1774 de 2016, conocida como la ‘Ley Animal’ o ‘Ley Ángel’, aún no se reportan condenas con medidas intramurales, y muchos procesos siguen en curso.
“Siempre se va a quedar corto uno con esta problemática tan grande que hay. Lo importante es que estamos avanzando y una muestra de ello es este tipo de espacios que permiten fortalecer acciones y compromisos desde las instituciones, la sociedad y la academia”, concluyó Aristizábal.
