Este martes se desarrolló una nueva reunión del Comité de Moralización en el auditorio de la Fiscalía General de la Nación en el Quindío, en el marco de la Acción Popular mediante la cual el Tribunal Administrativo del departamento ordenó, como medida cautelar, garantizar el envío completo y oportuno de los recursos a las IPS. Sin embargo, dicha disposición —que debía cumplirse antes del 30 de noviembre por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Supersalud, el ADRES y las EPS bajo intervención— continúa sin ejecutarse, manteniendo al sistema de salud quindiano en estado de alerta roja hospitalaria.
Frente a esta situación, y por directriz del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, se anunció que se promoverá un incidente de desacato contra las entidades que no han cumplido con la orden judicial, lo que podría generar sanciones. El propósito es asegurar el pago de las obligaciones pendientes y salvaguardar los derechos esenciales de la ciudadanía.
La secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento, Isabel Cristina Lezama Velásquez, expuso la gravedad del incumplimiento: “La comunidad del Quindío no ha podido acceder adecuadamente a la atención en salud debido al enorme atraso en los pagos que las entidades demandadas mantienen con las IPS. Hoy dejamos registro de que la deuda supera el billón de pesos y que esta situación ha llevado a cientos de usuarios a recurrir a tutelas para exigir la garantía de sus derechos”. Durante la sesión, los interventores de la Nueva EPS, SOS, Sanitas y Asmet Salud no presentaron compromisos de pago concretos, pese a que las IPS ofrecieron un esquema para saldar el 50 % de la cartera el 10 de diciembre y el saldo restante el 15 de enero.
- Fuente: Oficina de Comunicaciones Gobernación del Quindío
