La Corte Suprema ordenó revisar los contratos que tuvo la denunciante en el Senado, mientras la Fiscalía realizó la extracción forense de su teléfono celular. Videos, conversaciones, fotografías y otros archivos quedaron bajo análisis de los investigadores. El expresidente Gustavo Petro niega haber utilizado contratos públicos para obtener favores sexuales.
Una nueva controversia política y judicial sacude a Colombia. Las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro comenzaron a traducirse en actuaciones concretas de las autoridades, que buscan establecer si detrás de los señalamientos sobre supuestos favores sexuales a cambio de contratos estatales existieron irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
El caso tomó un nuevo impulso después de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara una inspección judicial en la Secretaría General del Senado para obtener y verificar los contratos que tuvo Jiménez durante su paso por el Congreso.
La decisión, ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, busca establecer las condiciones de contratación, los vínculos laborales y la documentación que permita contrastar las afirmaciones de la denunciante.
Pero hay otro elemento que podría resultar determinante: el teléfono celular de Jiménez.
El celular que ahora está bajo la lupa de la Fiscalía
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la extracción forense de la información almacenada en el dispositivo móvil de la denunciante, en una diligencia adelantada en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la decisión, el procedimiento permitirá recopilar información que será examinada por los investigadores, entre ella videos, conversaciones, fotografías, datos de geolocalización, grabaciones y notas de voz.
La diligencia contó con la participación de un magistrado instructor de la Corte Suprema y de la abogada de Jiménez, Dina Luz Malo.
El objetivo ahora es establecer la autenticidad, el contexto y la pertinencia de los archivos, así como determinar si contienen elementos materiales probatorios que permitan corroborar o descartar las denuncias.
¿Qué está denunciando Deicy Jiménez?
La mujer aseguró públicamente que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, recibían contratos con entidades estatales a cambio de encuentros sexuales con el entonces presidente.
En una entrevista publicada por la revista Semana, Jiménez afirmó que ella misma habría recibido contratos después de mantener encuentros íntimos con Petro y que el exmandatario habría intervenido para facilitar algunas de sus vinculaciones laborales.
También mencionó supuestas situaciones relacionadas con el consumo de sustancias y señaló a otras personas del entorno político del entonces mandatario.
Estas afirmaciones son de extrema gravedad, pero deben ser tratadas como denuncias pendientes de verificación. La existencia de contratos públicos no demuestra por sí sola que hayan sido otorgados como contraprestación por favores sexuales.
La Corte, la Fiscalía y la Procuraduría entran en escena
El caso no se limita a una controversia mediática.
La Corte Suprema busca esclarecer los hechos relacionados con el periodo en que Gustavo Petro fue senador y verificar los contratos de Jiménez en el Congreso.
Por su parte, la Fiscalía adelanta actuaciones para investigar posibles irregularidades en la contratación pública y recaudar elementos probatorios. El ente investigador también deberá establecer qué hechos corresponden a sus competencias y cuáles deben ser conocidos por otras autoridades.
La Procuraduría, entretanto, abrió una indagación previa relacionada con posibles irregularidades en entidades como el Congreso, el Dapre y el Ministerio del Interior, entre otras.
Un aspecto jurídico importante es que los hechos que involucren a Petro durante su ejercicio como presidente corresponden a la competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que la Corte Suprema tiene competencia para investigar los hechos relacionados con su etapa como senador.
Petro responde y niega las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos y aseguró que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores sexuales.
También cuestionó la autenticidad y el contexto del video que Jiménez divulgó en redes sociales, señalando que no se había establecido pericialmente cuándo ni dónde fue grabado.
La defensa de Petro sostiene que las acusaciones no demuestran la comisión de delitos.
Las preguntas que ahora deberá responder la justicia
La investigación tiene varios interrogantes centrales:
- ¿Existieron contratos públicos y bajo qué condiciones fueron adjudicados?
- ¿Se cumplieron efectivamente las obligaciones contractuales?
- ¿Hubo intervención indebida de funcionarios o personas cercanas al poder presidencial?
- ¿Los archivos del celular permiten corroborar las afirmaciones de la denunciante?
- ¿Existió utilización de recursos públicos para fines diferentes a los autorizados por la ley?
Lo que está en juego va mucho más allá de la vida privada de un expresidente. La investigación busca establecer si se utilizó el poder político o la contratación estatal para obtener beneficios particulares, una situación que, de comprobarse, tendría graves consecuencias institucionales y penales.
Colombia espera respuestas. Ahora la atención está puesta en lo que encuentren los investigadores en el celular de Deicy Jiménez y en los documentos que la Corte Suprema solicitó al Senado.
La pregunta sigue abierta: ¿estamos ante una denuncia que terminará revelando un entramado de irregularidades en la contratación pública o ante señalamientos que no lograrán ser demostrados ante la justicia?
El país espera que las pruebas hablen.