La Corte Suprema de Justicia negó una nueva acción de tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez. El hermano del expresidente deberá responder por una condena de 28 años y cuatro meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
Un nuevo capítulo sacude uno de los procesos judiciales más polémicos de la historia reciente de Colombia. La Corte Suprema de Justicia confirmó la negativa de una tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, con la que buscaba abrir otra posibilidad para controvertir su condena por el caso conocido como Los 12 Apóstoles.
La decisión, conocida este viernes 6 de noviembre, representa un nuevo revés para la defensa del ganadero antioqueño, quien fue condenado a 28 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
La defensa pretendía que se le permitiera acudir al recurso extraordinario de casación para intentar que se revisara la sentencia condenatoria. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema confirmó la decisión que había negado el amparo solicitado, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.
¿Por qué fue condenado Santiago Uribe?
El proceso está relacionado con la estructura paramilitar conocida como Los 12 Apóstoles, señalada de operar durante la década de los noventa en el norte de Antioquia y de participar en asesinatos selectivos y acciones de violencia contra la población civil.
Uno de los hechos centrales de la investigación fue el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de transporte público de Yarumal, ocurrido en 1994.
En noviembre de 2024, Santiago Uribe había sido absuelto en primera instancia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión el 25 de noviembre de 2025 y lo condenó a 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses.
Posteriormente, el 3 de junio de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la condena al resolver la impugnación especial presentada por la defensa.
¿Qué viene ahora?
Con la nueva decisión judicial, la defensa no consiguió habilitar el recurso de casación que pretendía presentar. El expediente será remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión de la tutela, posibilidad que no significa que la condena quede suspendida.
La decisión representa un desenlace de enorme trascendencia para las víctimas y para uno de los expedientes judiciales más controvertidos del país, que durante décadas ha estado rodeado de debates sobre paramilitarismo, responsabilidad penal y derechos humanos.
El caso vuelve a poner en el centro del debate nacional la responsabilidad de quienes fueron señalados de participar en estructuras paramilitares y la lucha contra la impunidad en Colombia.