La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) verificar que las decisiones relacionadas con la posible terminación anticipada del contrato de concesión vial y el eventual desmonte de los peajes del proyecto Autopistas del Café cuenten con el debido sustento jurídico, constitucional y contractual.
La petición fue realizada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a raíz de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo del pasado 20 de mayo, en la que el Comité Antipeajes propuso la terminación anticipada de la concesión y la suspensión del cobro de peajes en este corredor vial.
El proyecto Autopistas del Café conecta a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, y hace parte de una de las principales concesiones viales del Eje Cafetero.
En su requerimiento, el Ministerio Público pidió a las entidades adoptar con prontitud las acciones necesarias para evitar posibles riesgos como el incumplimiento contractual por parte del Estado, la suspensión de obras estratégicas, la afectación a la sostenibilidad financiera del proyecto y eventuales vulneraciones a la normatividad vigente.
Asimismo, la Procuraduría solicitó información detallada sobre el estado actual del contrato de concesión suscrito con la Autopistas del Café, que contempla la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial Armenia–Pereira–Manizales, así como otros documentos relevantes para el proceso de seguimiento.
El ente de control explicó que la actuación preventiva se sustenta en la trascendencia social y económica del proyecto, su impacto en las comunidades del Eje Cafetero y sus implicaciones jurídicas, fiscales y contractuales, razón por la cual decidió activar labores de vigilancia sobre el caso.
