Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo de la Cuenca del río La Vieja – Tatayamba, en el Quindío, la Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación frente al riesgo ambiental y sanitario que podría enfrentar la región por la situación actual de los rellenos sanitarios y la falta de soluciones sostenibles para la disposición final de residuos sólidos.
La advertencia fue realizada por la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, quien reiteró el compromiso del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, con la protección del ambiente, la defensa de los derechos colectivos y el fortalecimiento de una institucionalidad preventiva cercana a los territorios.
Uno de los principales puntos expuestos por el Ministerio Público fue la situación del relleno sanitario Andalucía, ubicado en el Quindío, cuya vida útil se encuentra reducida y sin alternativas regionales consolidadas que permitan garantizar la continuidad del servicio público de aseo sin generar mayores impactos ambientales.
Asimismo, la Procuraduría se refirió al relleno sanitario La Glorita, en Risaralda, donde reconoció las labores de seguimiento y control adelantadas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), aunque advirtió sobre algunas falencias operativas existentes en el sitio.
El organismo señaló además que la proyección de vida útil de La Glorita hasta el año 2034 dependerá estrictamente del cumplimiento de condiciones técnicas y ambientales exigidas para su operación.
En este contexto, la Procuraduría anunció que realizará seguimiento preventivo al expediente 1003, relacionado con la actualización del Plan de Manejo Ambiental del relleno sanitario La Glorita, con el propósito de verificar que cualquier decisión preserve los estándares técnicos y ambientales requeridos.
Durante la sesión también se alertó sobre el riesgo de un posible “efecto cascada” regional, fenómeno en el que la presión sobre un relleno sanitario termina trasladándose a otros territorios, aumentando los costos operativos, generando conflictos sociales y elevando los riesgos ambientales en diferentes departamentos del Eje Cafetero.
Frente a este panorama, el Ministerio Público hizo un llamado a alcaldes, gobernadores, corporaciones autónomas regionales, operadores de rellenos sanitarios, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Ambiente y la RAP Eje Cafetero para fortalecer la articulación institucional y regional en torno al manejo integral de residuos sólidos.
Entre las recomendaciones planteadas se encuentran el fortalecimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), el aumento de las metas de reciclaje y aprovechamiento, el refuerzo de los controles ambientales y la construcción de soluciones sostenibles de largo plazo que permitan evitar una eventual crisis regional en la disposición final de residuos.
