Una fuerte controversia se desató en Quinchía, Risaralda, luego de que el alcalde Jader Bañol anunciara que solicitará la imposición de comparendos a las personas que suministren comida o agua a perros en condición de calle, una medida que generó rechazo entre defensores de los animales y abrió un debate sobre el bienestar animal y la convivencia ciudadana.
La polémica surgió tras la difusión de un video en el que el mandatario afirmó que las autoridades empezarían a sancionar a quienes alimenten a los caninos en espacios públicos. Según explicó en ese momento, la decisión busca enfrentar problemas de convivencia relacionados con la presencia de excrementos en calles, parques y otros lugares del municipio.
La medida estaría enfocada especialmente en cinco perros conocidos por la comunidad como “la banda del Serrucho”, señalados por algunos habitantes de perseguir motociclistas y permanecer de manera constante en diferentes sectores del casco urbano
Las declaraciones del alcalde provocaron una ola de críticas por parte de ciudadanos, organizaciones animalistas y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron que se sancione a quienes brindan alimento o agua a animales en condición de abandono, especialmente en jornadas de altas temperaturas. Algunos sectores también advirtieron que la medida podría entrar en conflicto con las normas de protección y bienestar animal vigentes en Colombia.
Ante la controversia, y de acuerdo con el medio Minuto 60, Bañol salió a aclarar el alcance de sus declaraciones y aseguró que el video que circuló en redes sociales fue editado, mostrando solo una parte de su intervención.
“Desafortunadamente, detractores políticos cortaron la parte que les convenía para hacernos quedar mal como administración”, manifestó el mandatario, quien insistió en que la intención del gobierno municipal no es perjudicar a los animales, sino protegerlos y buscar soluciones de fondo.
Según explicó, varios de estos perros han llegado desde veredas y fincas hasta el casco urbano, donde permanecen expuestos a accidentes de tránsito, posibles casos de maltrato y otras situaciones de riesgo.
El alcalde también recordó que durante las recientes festividades del municipio algunos perros fueron retirados temporalmente de las calles para protegerlos de la pólvora y de la alta afluencia de visitantes, una estrategia que, aseguró, ya se había implementado en años anteriores.
Asimismo, reconoció que la administración enfrenta limitaciones presupuestales para mantener un refugio permanente para animales abandonados. De acuerdo con el mandatario, sostener un espacio de este tipo tendría un costo cercano a los 15 millones de pesos mensuales, recursos con los que actualmente no cuenta el municipio.
Bañol indicó que el propósito de la Alcaldía es avanzar en procesos de adopción responsable para estos animales y convocó a la comunidad a colaborar en su protección, mientras continúan evaluándose alternativas que permitan atender la problemática sin afectar la convivencia ciudadana ni el bienestar de los caninos.
Entretanto, el anuncio inicial sobre la posible imposición de comparendos continúa generando opiniones divididas entre quienes respaldan medidas para controlar la presencia de animales en espacios públicos y quienes consideran que sancionar a las personas que los alimentan no resuelve el problema de fondo.
