La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura negó las 334 tutelas presentadas por un grupo de ciudadanos en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego por las irregularidades en la planeación y puesta en marcha del nuevo modelo de aseo en Bogotá a finales del 2012.
En la segunda sesión, los siete magistrados que conforman la Sala acogieron los argumentos esgrimidos en la ponencia del togado Pedro Alonso Sanabria que indicó que la Procuraduría General ejerció de manera correcta sus facultades constitucionales para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario público elegido por voto popular.
Para el ponente, el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia establece las facultades de la Procuraduría General, las cuales han sido avaladas en diversas sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional frente a la vigilancia de servidores que ejercen funciones públicas.
Ante esto se indica que pese a que se debe garantizar el derecho a elegir y ser elegido, este no es absoluto, puesto que existen órganos de control fiscal, disciplinario y fiscal dirigidos a vigilar todas sus funciones y labores, así cuando se considera que se presentó una irregularidad se pueden ejercer las facultades para investigar y si hay meritos sancionar.
Con esta decisión se tumban las medidas cautelares emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente al fallo emitido el pasado 13 de enero que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá para ejercer cargos públicos. (Ver Los argumentos de la ponencia por “tutelatón” contra destitución de Gustavo Petro)
En este sentido, el documento de 37 páginas señalaba que en la investigación disciplinaria no se le vulneró al burgomaestre su derecho al debido proceso y a la defensa. Igualmente, no se pudo evidenciar que a los tutelantes se les hubiera vulnerado su derecho a elegir y ser elegidos.
Sin embargo no será hasta el próximo miércoles que la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López y del magistrado Pedro Alonso Sanabria den una declaración oficial y en los medios de comunicación.
EL ESPECTADOR
