El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, señaló que la infraestructura está destinada a recibir personas sindicadas que actualmente permanecen en estaciones de Policía. La Gobernación insiste en la necesidad de terminar el proyecto para aliviar la presión sobre los recursos de los municipios y el departamento.
La culminación del pabellón de Peñas Blancas, en Calarcá, continúa siendo uno de los asuntos pendientes en materia carcelaria para el Quindío. Según el secretario del Interior departamental, Jaime Andrés Pérez, la obra registra un avance del 75 %, pero se espera que el Gobierno nacional impulse nuevamente los trabajos para poner en funcionamiento esta infraestructura, proyectada inicialmente para albergar a personas sindicadas que hoy permanecen en estaciones de Policía.
Durante una entrevista, el funcionario explicó que el proyecto ha sido motivo de conversaciones con varios ministros de Justicia y que, recientemente, el gobernador del Quindío solicitó al ministro de esa cartera reactivar las labores. La petición busca acelerar la terminación de una obra que, de acuerdo con Pérez, contribuiría a atender la situación de hacinamiento y permanencia de detenidos en instalaciones policiales del departamento.
Más de 200 sindicados permanecen en estaciones de Policía
Pérez indicó que el Quindío supera los 200 sindicados que permanecen en lugares como las instalaciones de la Sijín, la estación Santander y la permanencia policial de Calarcá. Se trata de personas que están a la espera de que avance su situación judicial y que, según la propuesta de la Administración departamental, deberían ser trasladadas al pabellón de Peñas Blancas una vez esté habilitado.
El secretario sostuvo que la infraestructura fue concebida para atender precisamente esta necesidad. Su puesta en funcionamiento permitiría contar con un espacio destinado a esta población y reducir la presión que actualmente enfrentan las estaciones de Policía, cuya función principal no es servir como lugares de reclusión prolongada.
Aunque el avance de la obra se estima en un 75 %, el funcionario no precisó una fecha para su entrega. Por eso, la Gobernación mantiene la expectativa de que el Ministerio de Justicia adopte medidas para reactivar y concluir los trabajos pendientes.
La atención de los sindicados cuesta cerca de $3.000 millones
Otro de los puntos expuestos por el secretario del Interior es el impacto económico que representa la atención de las personas sindicadas para los gobiernos territoriales. Según explicó, las disposiciones vigentes atribuyen a las entidades territoriales responsabilidades relacionadas con la alimentación y otras necesidades de esta población, lo que genera una presión considerable sobre los presupuestos departamental y municipales.
Pérez estimó que el costo para el Quindío se acerca a los $3.000 millones y advirtió que asumir ese gasto con recursos propios podría afectar la financiación de sectores como educación, deporte, cultura y seguridad. Por esta razón, señaló que están a la espera de un pronunciamiento oficial de la Corte Constitucional sobre esta situación y pidió que el Gobierno nacional asuma las responsabilidades que correspondan.
El funcionario también insistió en la necesidad de avanzar hacia una reforma carcelaria que permita definir con mayor claridad las obligaciones de cada nivel de gobierno y mejorar las condiciones del sistema de reclusión.
Traslados a cárceles de máxima seguridad
Durante la entrevista, Pérez se refirió además a los traslados de personas privadas de la libertad hacia establecimientos de máxima seguridad. Según informó, en Calarcá fueron trasladadas cerca de dos personas a centros penitenciarios donde se busca restringir el acceso a teléfonos móviles y las comunicaciones no autorizadas.
El secretario afirmó que estos movimientos responden a la preocupación por el uso de centros de reclusión para coordinar actividades delictivas desde el interior, entre ellas llamadas extorsivas y amenazas, así como presuntas órdenes relacionadas con homicidios y el control de expendios de estupefacientes en el departamento.
Para el funcionario, estas situaciones evidencian la necesidad de fortalecer los controles penitenciarios y revisar el funcionamiento del sistema carcelario en el ámbito nacional.
La finalización del pabellón de Peñas Blancas, la atención de los sindicados que permanecen en estaciones policiales y la definición de las responsabilidades financieras continúan entre los principales desafíos del Quindío en materia carcelaria. Mientras la obra alcanza el avance reportado del 75 %, la Administración departamental espera que se reactive su construcción para contar con una alternativa de atención para esta población.