La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una fuerte sanción a Novaventa S.A.S., una de las marcas más reconocidas en Colombia por sus máquinas dispensadoras de alimentos, tras confirmarse múltiples fallas en sus servicios y omisiones que afectaron los derechos de los consumidores.
La decisión, dada a conocer este martes 6 de mayo, fue el resultado de una investigación de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que determinó que la empresa incurrió en varias irregularidades que comprometieron la experiencia de miles de usuarios. En total, Novaventa deberá pagar una multa de $1.340 millones.
Durante el proceso, la SIC recopiló más de 2.600 quejas y reclamos en solo seis meses. Los usuarios denunciaron desde fallas en la entrega de productos hasta la falta de herramientas eficaces para presentar y hacer seguimiento a sus reclamaciones.
Uno de los hallazgos más relevantes fue que el portal web de Novaventa no ofrecía canales adecuados de contacto ni proporcionaba información clara sobre los productos. Además, en varias campañas promocionales se omitieron detalles clave como plazos y condiciones para acceder a incentivos, violando normas de publicidad responsable.
También se constató que algunos consumidores no recibieron los alimentos o bebidas solicitados en las máquinas, y que la devolución del dinero no se efectuaba automáticamente, obligando a los afectados a presentar reclamaciones adicionales.
La SIC subrayó que la empresa incumplió con su deber de ofrecer información veraz y mecanismos de atención eficientes, afectando la confianza de los usuarios y vulnerando la normatividad vigente en protección al consumidor.
Actualmente, Novaventa —filial del Grupo Nutresa— opera alrededor de 15.000 máquinas dispensadoras bajo la marca Novaventa en la Vía, además de realizar ventas por catálogo de productos como cereales, cafés, galletas, chocolates y otros alimentos.
Hasta el momento, la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la sanción. Sin embargo, cuenta con la posibilidad de presentar recursos legales para apelar la decisión ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.
La Superintendencia reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y la vigilancia de las buenas prácticas en el comercio electrónico y físico en el país.
