Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que falleció el pasado 20 de septiembre en Durango (México), luego de complicaciones derivadas de una cirugía estética que, según denuncia su padre, se habría practicado sin su consentimiento.
Carlos Arellano, padre de la menor, aseguró que el procedimiento -unos implantes mamarios realizado el 12 de septiembre en una clínica privada- se efectuó únicamente con el consentimiento de la madre de la joven, pareja del cirujano que la intervino. El hombre afirma que desconocía por completa la operación, pues le hicieron creer que madre e hija viajarían a la sierra tras un supuesto contagio de covid-19.
Días después, fue notificado de que su hija se encontraba hospitalizada en estado grave. Paloma permaneció intubada y en coma inducido durante una semana, hasta que falleció. El padre relató que en el funeral descubrió los implantes y exigió una investigación a fondo.
“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, declaró Arellano.
La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó que el caso está bajo investigación. La fiscal Sonia Yadira de la Garza informó que se analiza una posible omisión de cuidados por parte de la madre y un presunto homicidio culposo por mala praxis médica contra el cirujano.
El cuerpo de la adolescente fue remitido al Hospital 450 para la necropsia. El dictamen patológico podría tardar hasta 20 días, pues requieren estudios microscópicos de tejido para determinar con precisión la causa de la muerte.
El secretario de Salud del estado, Moisés Nájera, afirmó que la clínica donde se realizó la cirugía es de reciente creación, pero cuenta con permisos y certificado personal. Sin embargo, reconoció que el caso ahora es un tema médico-legal por las denuncias de la familia.
Por su parte, la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios confirmó que tanto las instalaciones como los médicos involucrados cumplen con los requisitos legales, aunque dejó en manos de la Fiscalía determinar si existía responsabilidad penal.
