Las FARC han tirado un balde de agua fría al gobierno de Santos. No solo han anunciado que seguirán sembrado minas antipersona, sino que el proceso de paz ni está a la vuelta de la esquina ni es irreversible aún, como ha señalado el Ejecutivo. Para el grupo terrorista “aún hay mucha tela por cortar”, ha explicado en un comunicado el pasado lunes, y “montar la matriz de la irreversibilidad no es conveniente si se considera que elevar las expectativas hacia la cumbre de lo irreal podría llevarnos al terreno de las frustraciones”.
Entre las cuestiones complejas por acordar, la guerrilla recuerda “el problema del latifundio”, y dice que “si no se frena la extranjerización de la tierra, que atropella los intereses de los campesinos y lesiona la soberanía nacional”, no habrá pacto final. Otros obstáculos son su negativa a aceptar que cometieron crímenes de lesa humanidad y, por ende, no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel. Al mismo tiempo mantienen su exigencia de una Asamblea Constituyente, extremo que el Gobierno no quiere concederles.
La declaración de este lunes desde La Habana de Rodrigo Granda, uno de los delegados de las FARC en Cuba, aclarando su decisión sobre las minas, supone un revés para Juan Manuel Santos y sus aliados, que vendieron el paso dado por los subversivos como demostración de su voluntad de mermar su actividad terrorista.
‘Desminado humanitario’
Granda ha asegurado que lo único que emprenderán es un “desminado humanitario” en cuatro áreas pobladas de Colombia donde dichos artefactos explosivos pueden afectar a la población civil. Pero continuarán sembrándolas en otras zonas para defenderse del Ejército, aunque en ellas caen uniformados y agricultores por igual. Además, lo único que ofrecen es acompañar a los militares a retirar las minas, algo que ya vienen haciendo las Fuerzas Armadas y empresas contratadas por el Estado desde hace años, y en ningún caso lo harán ellos solos.
Y aunque pone al mismo lugar al Ejército y a las FARC, cabe recordar que desde el Gobierno de Álvaro Uribe los militares ya no siembran minas porque firmaron el Pacto de Otawa que compromete a los países a no emplear ese tipo de arma letal que causa tantos estragos. Poner una mina cuesta menos de un dólar, y eliminarla, más de mil, con el inconveniente de que el Ejército dibujaba un mapa de dónde las enterraba, mientras que las FARC y el ELN, que son los que más las usan, pocas veces lo hacen.
Pese a los obstáculos de las FARC, este lunes se reinician en La Habana las reuniones entre un grupo de generales y coroneles en activo con miembros de la banda terrorista, para discutir sobre cómo sería un cese bilateral al fuego. Una de las cuestiones que comerciantes y ganaderos querrían que hablaran es acabar con las llamadas “vacunas”, el impuesto que cobra la guerrilla. Si no pagan, atentan contra ellos y sus bienes. Pero, de momento, no parece que sea una cuestión prioritaria para ninguna de las partes a pesar de que afecta a varios miles de ciudadanos.
POR: ELMUNDO.ES
