La Unión Europea dio este lunes un paso decisivo hacia el endurecimiento de su política migratoria tras alcanzar un acuerdo político sobre el nuevo Reglamento de Retornos, una normativa que busca acelerar las deportaciones de migrantes en situación irregular y permitirá la creación de centros de retorno en países terceros, fuera del territorio comunitario.
El pacto fue alcanzado entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, tras varios meses de negociaciones y representa una de las reformas migratorias más fuertes impulsadas por el bloque en los últimos años.
La principal novedad de la normativa radica en que los Estados miembros podrán enviar migrantes a centros ubicados en terceros países, siempre que exista un acuerdo previo con esas naciones y se garantice el respeto al principio de no devolución, que prohíbe retornar a una persona a un lugar donde su vida o integridad puedan estar en riesgo.
La medida toma como referencia el denominado “modelo Meloni”, impulsado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mediante un acuerdo suscrito entre Italia y Albania para gestionar procesos migratorios fuera de territorio italiano.
Además, la nueva legislación establece mecanismos para agilizar las expulsiones de personas que no tengan derecho legal a permanecer en la Unión Europea. Entre las disposiciones se contempla la obligación de los migrantes de cooperar activamente en sus procesos de retorno. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán imponer sanciones que incluyen la suspensión de prestaciones sociales, la retirada de permisos de trabajo e incluso medidas penales.
El reglamento también amplía las posibilidades de detención administrativa de migrantes cuando exista riesgo de fuga o razones de seguridad pública. Los períodos de retención podrán extenderse hasta dos años en determinados casos.
Según explicó Nicholas Ioannides, representante de la presidencia rotatoria de Chipre en la Unión Europea, el objetivo de la reforma es aumentar la efectividad de los retornos.
“El nuevo reglamento acelerará el proceso de devolución y aumentará el número de retornos de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”, señaló el funcionario, quien calificó el acuerdo como un paso histórico para reforzar la credibilidad de la política migratoria europea.
La iniciativa ha sido celebrada por sectores conservadores y partidos de derecha que desde hace años reclaman controles migratorios más estrictos. De hecho, el grupo conservador y euroescéptico ECR aseguró que con esta decisión “ha comenzado la era de las devoluciones”.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y partidos progresistas expresaron fuertes críticas. Diversas ONG advirtieron que la normativa podría ampliar el uso de centros de detención y aumentar los riesgos para personas vulnerables.
Entre las voces críticas se encuentra Mélissa Camara, quien calificó el acuerdo como “vergonzoso” y aseguró que incorpora discursos y propuestas que, según ella, vulneran derechos fundamentales de las personas migrantes.
Por su parte, representantes de organizaciones humanitarias señalaron que la creación de centros de retorno fuera de Europa podría generar dificultades jurídicas y cuestionamientos sobre las garantías efectivas para los migrantes.
La reforma surge en un contexto de creciente presión política sobre la migración en Europa y en momentos en que varios gobiernos buscan endurecer sus políticas fronterizas ante el avance de movimientos políticos contrarios a la inmigración.
Aunque el acuerdo político ya fue alcanzado, el reglamento aún deberá recibir la aprobación formal del Parlamento Europeo y de los Estados miembros antes de entrar definitivamente en vigor. Una vez publicado oficialmente, la mayoría de sus disposiciones comenzarán a aplicarse de inmediato, mientras que otras tendrán un período de adaptación de hasta un año para permitir ajustes en las legislaciones nacionales.
