Un despacho de la Justicia penal militar decidió remitir a la Fiscalía General de la Nación las investigaciones que se realizaban en el caso de la muerte del señor Javier Ordóñez, al considerar que “los elementos de prueba hasta ahora recaudados no permiten afirmar que se trata de un acto que tenga relación con el servicio”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció la semana pasada que el ente acusador adelantaría la investigación bajo el mando de la dirección de derechos humanos, pues tras recopilar los testimonios de siete personas y videos de cámaras de seguridad, se estaría frente a una violación de derechos humanos y, por consiguiente, no podría ser juzgado como un acto del servicio.
Datos preliminares evidencian que la muerte del abogado Javier Ordóñez se dio por politraumatismos generados por armas contundentes. Su familia confirmó que el cuerpo tenía nueve fracturas en el cráneo, lesiones en las costillas y el hígado reventado, que se presumen fueron consecuencias de heridas que sufrió el abogado durante su traslado al CAI del barrio Villa Luz.
El pasado miércoles, tras conocerse el caso de Ordóñez, Alejandro Castro, jefe del área de derechos humanos de la Policía, manifestó que ese mismo día se envió “al juzgado 143 de instrucción penal militar ya abocó conocimiento del caso”, por lo que se planteó la posibilidad que ocurriera lo mismo que pasa en el caso de Dilan Cruz, en el que el Consejo Superior de la Judicatura es el encargado de definir si desarrolla el proceso en la justicia penal militar o la ordinaria.
Los dos policías que aparecen en el video fueron suspendido de la institución, mientras que otros cinco fueron involucrados en la investigación. Mientras que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que 56 uniformados fueron identificados en los videos de abusos que se cometieron durante las protestas y se abrieron 43 investigaciones a funcionarios públicos.
Fuente: El Espectador
