Hace unos días, el alcalde de Calarcá, Juan Sebastián Ramos, realizó una grave denuncia al alertar sobre el presunto traslado de habitantes de calle desde otros departamentos, especialmente hacia su localidad, utilizando vehículos de transporte intermunicipal.
Este jueves, nuevamente se refirió al tema y afirmó: “Personalmente, junto con el exsecretario de Gobierno de Armenia, acompañamos a varias personas y, con su consentimiento, en su momento los trasladamos de regreso a otro municipio del Valle del Cauca. Sin embargo, tenemos conocimiento de que, en horas de la madrugada, están dejando personas aquí en Calarcá. Por eso hemos solicitado a la Policía de Carreteras que refuerce la vigilancia de los transportes, para identificar quiénes están trayendo habitantes de calle a nuestro municipio”.
El mandatario explicó que esta es una situación que enfrentan alcaldes de ciudades intermedias, quienes carecen de herramientas y políticas públicas efectivas para atender esta problemática: “No tenemos control ni recursos para manejarlo. Le hemos pedido al ministro del Interior que defina una política nacional de atención para los habitantes de la calle. Hoy, la realidad es que si un habitante de la calle solo pide limosna y no comete un delito, tiene el derecho constitucional de transitar libremente. Y si intentamos moverlos de un lugar a otro sin su consentimiento, eso se tipifica como secuestro, y yo, como alcalde, no voy a incurrir en un delito ni vulnerar la dignidad de nadie”.
Ramos aclaró que cuando se presentan situaciones en las que los habitantes de la calle alteran el orden público o representan una amenaza, la Policía actúa conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801).
Asimismo, destacó que la administración municipal ha logrado recuperar a cerca de seis habitantes de la calle oriundos de Calarcá, quienes fueron reintegrados a sus familias y recibieron apoyo médico, aunque muchos regresaron a la calle, “la familia no los asume”.
Finalmente, indicó que Calarcá, por su ubicación geoestratégica —con tres vías nacionales que la conectan con Tolima, Bogotá, Risaralda, Medellín, Manizales, Cali y el sur del país— se convierte en un punto vulnerable para el traslado de esta población desde otros territorios.
